Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado recibió la terna del gobernador Quirino Ordaz Coppel de aspirantes para el nombramiento de magistrada o magistrado propietario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa a fin e cubrir la vacante que dejara el magistrado José Antonio Camarena Avalos.
La propuesta está integrada por los ciudadanos Isabel Duarte Rodríguez, Jaime Salomón Hariz Piña y Rafael Rodríguez López quien de acuerdo con el oficio enviado por el Ejecutivo, cada uno de los profesionistas cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establece de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Duarte Rodríguez, se ha desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública 132; Auxiliar de Defensor de Oficio; docente en la preparatoria Tec-Milenio y de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.
Dictaminadora y Jefa del Departamento de Proyectos de Dictámenes; encargada del despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo y Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo. Todo en el H. Congreso del Estado. Actualmente es Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de Cobaes, entre otros cargos.
Jaime Salomón Hariz Piña, ha cursado los doctorados en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Ha sido Secretario de Estudio y Cuenta de diferentes juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial, así como en Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Rodríguez López cuenta con experiencia en la docencia como profesor titular de la materia de Amparo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; profesor en la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la UAS. Es abogado postulante en las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Amparo.
Fue subprocurador Fiscal del Gobierno del Estado y también Procurador Fiscal del mismo Gobierno del Estado.
Después de la lectura, el oficio fue canalizado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y a la Comisión de Justicia.