Durante más de una década, en Puebla se ha consolidado una red de tiraderos clandestinos que opera con conocimiento de autoridades municipales y estatales, afectando principalmente a comunidades rurales, juntas auxiliares y pueblos originarios que hoy conviven con lixiviados, humo tóxico y enfermedades.
Lejos de ser casos aislados, los basureros ilegales responden a un patrón de abandono institucional: sitios clausurados solo en documentos, predios supuestamente saneados que vuelven a recibir residuos y rellenos sanitarios rebasados que empujan la basura hacia la ilegalidad.
Uno de los ejemplos más persistentes es el relleno intermunicipal de San José Chiapa–Nopalucan, denunciado desde hace años por pobladores. Aunque fue presentado como solución regional, operó sin cumplir normas ambientales, con filtraciones de lixiviados hacia parcelas y mantos freáticos, además de incendios frecuentes por acumulación de gas metano.
En la región de Tehuacán y la Sierra Negra se han documentado al menos una decena de vertederos a cielo abierto en barrancas, ríos y antiguos bancos de material. En municipios como Ajalpan, Coyomeapan y Zoquitlán, los residuos se arrojan sin control y a menudo se queman para reducir su volumen.
Las consecuencias son visibles: contaminación del río Salado, proliferación de fauna nociva y aumento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, según testimonios recabados por organizaciones comunitarias y medios locales.
La zona metropolitana de Puebla no es ajena al problema. En municipios como San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango se han detectado tiraderos clandestinos de escombro, residuos industriales y basura doméstica, algunos muy cerca de zonas habitacionales, con denuncias de descargas nocturnas bajo presunta protección oficial.
Las cifras oficiales confirman la magnitud de la crisis: Puebla genera más de 7 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y menos de 10 por ciento de los municipios cuenta con rellenos sanitarios que cumplen la norma. Aun así, las clausuras son escasas y las sanciones prácticamente inexistentes.
El impacto ambiental se cruza con una profunda desigualdad social. Las comunidades cercanas a los tiraderos, en su mayoría pobres y marginadas, absorben los residuos sin beneficios ni compensaciones, mientras algunas familias sobreviven del reciclaje informal expuestas a materiales peligrosos. Para miles de poblanos, la basura no es una falla abstracta de gestión pública, sino parte del paisaje cotidiano y de su lucha por seguir viviendo en condiciones dignas.
