El gobierno federal y el de Sonora informaron que ya comenzó el pago de indemnizaciones a trabajadores mineros, viudas y familias afectadas tras concluir la huelga en Cananea, como parte del programa integral de remediación por el derrame de desechos tóxicos en el río Sonora ocurrido en 2014. Las autoridades calificaron este avance como un hecho histórico luego de casi dos décadas de lucha.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el programa de remediación ambiental y social asciende a 2 mil 222.6 millones de pesos. De este monto, 70 por ciento será aportado por Grupo México, 22 por ciento por el gobierno federal y 8 por ciento por el gobierno de Sonora.
Precisó que la empresa minera entregará mil 500 millones de pesos, además de 59 millones previamente depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, el gobierno federal aportará 483.6 millones de pesos y el estatal 180 millones, recursos que permitirán iniciar tareas especializadas de restauración ambiental y atención social.
En el ámbito ambiental, se realizarán estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos del río Sonora, así como acciones de saneamiento en las zonas contaminadas. También se fortalecerá el monitoreo de la calidad del agua mediante un centro de visualización en tiempo real y la modernización del Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste.
En materia de agua potable, el plan contempla la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y la rehabilitación de cuatro plantas existentes. Además, se prevé la operación y mantenimiento de estas instalaciones durante al menos cinco años para garantizar el acceso seguro al agua en las comunidades afectadas.
El sector salud también será reforzado. El hospital comunitario de Ures se transformará en un hospital regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad y un área de cuidados intensivos. Esto permitirá atender a los pacientes sin necesidad de traslados a otras ciudades.
Asimismo, se creará un centro especializado en salud renal con servicios de nefrología, seis sillones de hemodiálisis y un laboratorio enfocado en metales pesados y toxicología. El antiguo hospital comunitario funcionará como albergue para familiares de pacientes hospitalizados.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de Buenavista del Cobre afectó casi 289 kilómetros del río Sonora y a unas 20 mil personas, con impactos severos en la salud, el acceso al agua potable y la economía local, especialmente en actividades agropecuarias.
Detalló que se detectó contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas, así como presencia de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y zinc en fauna y ganado. Tras un diálogo iniciado en noviembre con la empresa y autoridades, se logró un convenio que incorpora las demandas históricas de las comunidades.
Finalmente, se anunció la creación de un sistema permanente de monitoreo con estaciones automáticas, sitios de medición manual y un laboratorio de alta tecnología que analizará hasta 64 parámetros de calidad del agua. El Plan de Justicia de Cananea busca así resarcir daños, garantizar derechos básicos y prevenir futuras contingencias ambientales en la región.
