Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado cuestionó el amparo que presentó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en contra de la Ley de Obra Pública aprobada por unanimidad el mes de junio pasado.
A través de un posicionamiento emitido por la Jucopo, al cual se le dio lectura en la sesión de este martes se establece que con este amparo los integrantes del Comité Anticorrupción, están tratando de evitar que haya mayor vigilancia en el uso de los recursos por los testigos sociales; cuando son ellos los principales actores quienes deben poner el ejemplo.
En el documento la Junta de Coordinación Política advierte a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que si lo que buscan es ganar tiempo y retardar la aplicación de la Ley de Obra Pública del Estado, el Congreso del Estado hará todo lo necesario para defender la institucionalidad y proclamar el cumplimiento oportuno para cada organismo de gobierno del estado constitucional de derecho.
La diputada Yeraldine Bonilla Valverde integrante de la Mesa Directiva dio lectura en tribuna al posicionamiento de la Junta de Coordinación Política en el que se precisa que no se entiende el actuar del CPC al interponer amparo, pues al hacerlo impugnaron las normas esenciales que buscan mayor participación ciudadana para vigilar y combatir posibles actos de corrupción.
Tal es el caso de la ciudadanización de los Comités de Obras Públicas del Poder Ejecutivo, de los Municipios y en sí de todas las instituciones, establecidos en las fracción VI de los artículos 35, 36 y 37 que son precisamente los que permiten integrar a ciudadanos para que vigilen el gasto en obra pública en cada una de las instituciones de gobierno,
“Pero no conformes con eso además impugnaron el artículo 40 de la misma ley que permiten que los testigos sociales puedan emitir opiniones que deben ser tomadas en cuenta para que las acaten los servidores públicos a efecto de que los procedimientos de licitaciones se hagan conforme a lo que dice la ley”.
En el documento se indica que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, interpusieron un amparo porque creen les afecta de alguna manera la Ley, al suponer que no tienen la calidad de servidores públicos y que el Congreso se excedió al darles atribuciones que no les corresponden, cuando cada uno de los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción al recibir recursos del erario público deben ser considerados dentro de ese régimen.