Irene González

Culiacán, Sinaloa.- Finalmente, y después un segundo llamado, la auditora superior del estado Emma Guadalupe Félix Rivera, acudió al Congreso del Estado para comparecer de manera presencial ante diputados y diputadas de la 63 Legislatura en sesión extraordinaria para informar sobre las labores de fiscalización y para la evaluación de su desempeño.  

La titular de la ASE no acudió el pasado 25 de marzo cuando fue llamada a comparecer por la Diputación Permanente aduciendo que no estaba en condiciones de atender a este llamado de manera presencial y pedía que este encuentro de trabajo se realizada de manera virtual, petición que fue rechazada por los legisladores.  

En su intervención la titular de la ASE, afirmó que siempre ha cumplido con las disposiciones constitucionales y legales específicamente en lo que tiene que ver con las comparecencias al acudir en dos ocasiones de manera presencial, en marzo y diciembre del 2019, la primera en relación al informe de las cuentas públicas del 2017 y la segunda para la evaluación del desempeño de la dependencia a su cargo. 

Señaló que su presencia en el Poder Legislativo se programó para el 25 de marzo de manera presencial pero su condición física le impidió acudir a esa fecha para lo cual formuló una respetuosa petición que lamentablemente fue interpretada de diversas maneras,pero nunca atendida en su sentido original. 

“Se determinó por mayoría de la 63 legislatura emitir extrañamiento según exponen por mi negativa a comparecer el día 25 de marzo del presente año, lo cual reitero resulta total y absolutamente alejado de la realidad. No omito mencionar que lo anterior provocó comentarios que en la pasada sesión del 13 de abril derivaron en expresiones que constituyen más que una falta de respeto a mi persona acordándose finalmente la comparecencia presencial para el día de hoy”, expresó. 

Félix Rivera informó que el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020 comprendió la realización de 41 auditorías financieras, 11 auditorías especificas derivados de denuncias o acuerdo del pleno de la legislatura generando 106 productos relacionados directamente con la labor de revisión y fiscalización de los recursos públicos.  

Como resultado de las determinaciones en cantidad liquidad por presunto daños y perjuicios a la hacienda pública se determinó como recuperaciones probables 297 millones de pesos y se recuperaron 532 millones de pesos durante la ejecución de las auditorias.  

Informó que por ocasión la revisión y fiscalización al Poder Ejecutivo se realizó a través de una auditoría integral lo que permitió incrementar la cobertura de fiscalización logrando la revisión de las 14 secretarías de este poder, una coordinación, la representación en la ciudad de México y al secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

La diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Comisión de Fiscalización acusó que la resistencia a la rendición de cuentas ha sido el sello del actual gobierno del estado y lamentablemente la Auditora Superior se ha sumado a esta postura al negarse a comparecer al primer llamado del Congreso. 

La legisladora afirmó que ha sido tal la resistencia gubernamental que todas las cuentas públicas votadas por la presente Legislatura están en la Suprema Corte, en lugar de que los entes fiscalizados hubieran solventado las observaciones, pesé a que el pleno las había rechazado por haberse encontrado múltiples inconsistencias e irregularidades. 

“No se ha expedido un solo finiquito de las cuentas públicas de 2017 y 2018, ya que para ello se necesita que los dictámenes correspondientes sean publicados en el periódico oficial del estado. Y éstos están en la Corte porque, en un hecho sin precedentes en el estado y en el país, el actual gobierno estatal los vetó”. 

También criticó la falta de actuación de la Auditoría Superior del Estado en casos de corrupción que permanecen sin ninguna investigación y menos resolución de fondo, lo que despierta la sospecha de que los recursos públicos estatales  estén siendo canalizados a la operación de indebidas estrategias políticas durante este proceso electoral, como la entrega de tarjetas por alimentos. 

Domínguez Nava afirmó que la facultad de fiscalizar y revisar las cuentas públicas debe reformarse a fondo, pero no será suficiente sin Auditores o Auditoras con verdadera vocación de autonomía y legalidad.  

En contra parte, la diputada Ana Cecilia Morena Romero del grupo parlamentario del PRI acusó que en lugar de buscar hacer una evaluación más rigurosa de las tareas y funciones de la ASE para mejorar prevalece la intención de algunos legisladores de convertir al Poder Legislativo en un instrumento electoral y de golpeteo político.  

“Pero aquí no hay el más mínimo interés se revisar con objetividad el trabajo de la auditoria se utiliza esta tribuna para comentar tremas trillados que ya han sido suficientemente aclarados como el tema de los estadios. Yo los invitó a que entremos a la revisión en serio del trabajo de la auditoria donde ciertamente hay mucho por mejorar pero donde también encontramos avances muy significativos”.   

La comparecencia que se llevó a cabo de manera presencial se prolongó por más de 3 horas y media donde los cuestionamientos se centraron principalmente en la aplicación de recursos para beneficiar a particulares como es el caso del estadio de Futfbol de Mazatlán, la adquisición del edificio de Homex, así como la deuda de más de mil millones de pesos que se mantiene al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y hubo incluso algunos diputados que le pidieron renuncie al cargo.  

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