El gobernador Rubén Rocha Moya informó que realizará ajustes en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de hacer frente a la deuda de 2 mil 600 millones de pesos heredada por la administración del exgobernador Mario López Valdez, correspondiente a retenciones no enteradas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) y al Issstesin.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal subrayó que esta deuda representa una carga urgente que debe atenderse sin demora, especialmente por el impacto que tiene en los derechos de los trabajadores del estado.
“Estamos trabajando, revisando bien todo eso y viendo nuestras capacidades. Estamos a punto de resolver ante el Congreso nuestras propuestas para enfrentar el próximo año. Ahí es donde tenemos que expresar cómo vamos a atender estos problemas que no esperan ni un minuto más”, declaró Rocha Moya.
El gobernador aseguró que, pese a los ajustes financieros necesarios, los programas sociales no se verán afectados. Explicó que las adecuaciones presupuestales se enfocarán en reducir expectativas de inversión en obra pública, sin comprometer los apoyos sustantivos a la población.
“Siempre procuramos que no nos afecten los programas sustantivos. Normalmente lo que se reduce son las expectativas de inversión en obra, pero no los programas sociales”, puntualizó.
La deuda mencionada por el gobernador corresponde a recursos que debieron ser entregados por la administración estatal anterior a los sistemas de pensiones y seguridad social, pero que fueron retenidos sin ser enterados. Esta situación ha generado presiones financieras que requieren soluciones estructurales en el diseño presupuestal del estado.
