El conflicto entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) ha escalado hasta un punto de ruptura total, con acusaciones directas y tensiones públicas que se han intensificado tras la elección de Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Lo que antes era una relación estratégica para la proyección global del español hoy se ha transformado en un divorcio visible y ruidoso.
La crisis quedó expuesta cuando la RAE decidió no asistir a la reunión del patronato del Cervantes, un acto clave presidido por el rey Felipe VI y con presencia del presidente del Gobierno español. La ausencia de su presidente, Santiago Muñoz Machado, y de los académicos habituales fue un gesto deliberado para expresar su malestar ante las declaraciones de Luis García Montero, director del Cervantes, quien cuestionó públicamente la formación y legitimidad intelectual de Muñoz Machado.
Este choque tiene antecedentes recientes: durante el CILE de Arequipa, celebrado apenas dos meses antes, García Montero ya había acusado al presidente de la RAE de actuar como “abogado de negocios millonarios” más que como filólogo. Aquel incidente marcó el inicio de una confrontación abierta que ahora vuelve a arreciar con la polémica designación de Panamá como sede del próximo congreso, supuestamente decidida sin consultar al Cervantes.
García Montero denunció que la decisión fue unilateral y contraria a las normas que rigen la elección de sedes del CILE, recordando que tradicionalmente se consensúa entre el Instituto Cervantes, la RAE y el Gobierno de España. En un comunicado, el Cervantes acusó a la RAE de vulnerar la colaboración histórica entre ambas instituciones y de instrumentalizar a las academias latinoamericanas, exigiendo una rectificación inmediata.
La RAE, por su parte, respondió de manera extraoficial que la decisión no se anunció antes debido al clima de tensión provocado en Arequipa y porque aún faltan varios años para el próximo congreso. También aseguró que el ministro de Exteriores fue informado oportunamente, intentando así contrarrestar la acusación de opacidad. Aun así, el distanciamiento entre las dos entidades responsables de custodiar y difundir el español parece hoy más profundo que nunca.
