El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia para los contribuyentes: quienes no activen su Buzón Tributario antes del 31 de diciembre de 2025 podrían enfrentar multas que van de 3 mil 850 hasta 11 mil 540 pesos a partir de enero de 2026. La autoridad fiscal aclaró que las sanciones no se aplicarán en 2025, como se había señalado inicialmente, sino a partir del próximo año.
El Buzón Tributario es el canal oficial de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, a través del cual se envían avisos, requerimientos y notificaciones administrativas. No tenerlo habilitado implica el riesgo de no enterarse de plazos legales, auditorías o solicitudes importantes, lo que puede derivar en sanciones económicas.
El SAT recordó que la activación del Buzón Tributario y la actualización de los medios de contacto es una obligación fiscal vigente desde 2020. El incumplimiento de este requisito puede generar multas conforme a los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, aun cuando el contribuyente no tenga actividad económica.
El trámite para activar o modificar el Buzón Tributario se realiza completamente en línea. Para ello, se debe ingresar al portal del SAT con e.firma o contraseña, seleccionar la opción correspondiente, registrar un correo electrónico y/o número de teléfono celular, confirmar los datos mediante los códigos enviados y validar el aviso de autenticación.
Al concluir el proceso, es indispensable guardar el acuse de activación, ya que este documento funciona como prueba oficial de cumplimiento ante la autoridad fiscal. El sistema permite mantener una comunicación digital, directa y segura con el SAT.
La obligación de contar con el Buzón Tributario activo aplica tanto para personas físicas como morales. En el caso de las personas físicas, incluye a quienes obtuvieron ingresos por sueldos y salarios menores a 400 mil pesos en el ejercicio fiscal anterior, así como a contribuyentes sin actividad económica o con situación fiscal suspendida, aunque existen algunas excepciones específicas previstas en la ley.
