A Washington le preocupa la regulación a los efectivos extranjeros que operan en México para agencias como la DEA, la CIA o el FBI, reforma que fue aprobada esta semana por el Senado.
La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta”, advirtió William Barr, fiscal general de Estados Unidos. En un pronunciamiento publicado por el Departamento de Justicia, señaló que también se afectaría la relación bilateral.
El fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, advirtió que la Ley Nacional de Seguridad, que pone límites a los agentes extranjeros en el país, como los de la DEA, y que fue avalada por el Senado mexicano “solo beneficia a las organizaciones criminales” y dificulta la cooperación entre ambos
En un comunicado de “publicación inmediata” emitido por el Departamento de Justicia de EU, señaló que la legislación “preocupa” al gobierno estadunidense y dejará menos seguros a los ciudadanos de las dos naciones. “La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales trasnacionales y otros delincuentes que estamos combatiendo conjuntamente”, advierte el comunicado. Barr afirmó que la Justicia estadunidense está comprometida en trabajar con el gobierno de México para combatir a los criminales trasnacionales que amenazan a ambos países. Recordó que en ánimo de colaboración regresaron al ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.
“Como siempre, nuestra cooperación se da dentro del contexto de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos: por eso, por ejemplo, recientemente Estados Unidos devolvió al ex secretario Cienfuegos a México, para permitirle ser investigado allí”, detalla.
Apenas el viernes 4 de diciembre el presidente López Obrador remitió al Senado su propuesta de Ley Nacional de Seguridad, que regulaba las labores de los agentes extranjeros en nuestro país. La primera reforma avalada por el Senado, y que pasó a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, establece una supervisión permanente del cumplimiento por parte de “agentes extranjeros” de las nuevas disposiciones creadas, que los obliga a revelar sus identidades encubiertas al gobierno mexicano, y que mensualmente reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hicieron y compartan la información que recopilaron en el país. Las modificaciones realizadas por el Senado proponen en el artículo 70 que, si servidores públicos de los estados o municipios sostienen alguna reunión, intercambian información, sostienen llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros, deberán entregar un informe por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Seguridad Pública.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de su embajada, han llevado a cabo al menos dos reuniones en las últimas dos semanas en la sede de la cancillería para analizar los alcances de la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Senado, especialmente en lo relacionado con la inmunidad diplomática de los agentes de ese país.
Autoridades confirmaron que durante estas reuniones funcionarios de la embajada estadunidense mostraron su preocupación por la pérdida de inmunidad diplomática de sus agentes desplegados en México en tareas de inteligencia y aplicación de la ley. Los funcionarios mexicanos explicaron a sus contrapartes estadunidenses que el propósito de la nueva ley no es reducir la cooperación bilateral, sino que en realidad está en el interés del gobierno de México fortalecer los canales y mecanismos de colaboración. En las reuniones en la cancillería se les expuso también que con estas acciones se busca elevar a legislación los acuerdos informales que se tienen con Estados Unidos desde hace años en la materia y se persigue también un propósito de reorganización interna al respecto.