El Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, concluyendo un largo debate legislativo. Con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, se avaló el dictamen enviado previamente por la Cámara de Diputados, el cual fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación. La discusión se desarrolló en dos etapas: primero se respaldó el proyecto principal y posteriormente se revisaron diversas reservas que buscaban modificar artículos específicos, mismas que fueron rechazadas.
Entre las propuestas desestimadas destacó la de la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota, quien planteó modificar el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales. Su reserva fue sometida a votación electrónica y obtuvo 35 votos a favor y 69 en contra, lo que consolidó la versión del dictamen impulsada por la mayoría. Con ello, el Senado cerró filas en torno al nuevo marco normativo.
La Ley General de Aguas establece nuevas bases y mecanismos para garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico, reconociéndolo como un derecho humano fundamental y vinculado a otras garantías constitucionales. El texto contempla disposiciones para asegurar el consumo personal y doméstico, la disposición y el saneamiento del agua, en concordancia con los tratados internacionales firmados por México.
El proyecto también define los esquemas de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para la gestión del agua, además de promover la participación ciudadana en decisiones y acciones relacionadas con la preservación del recurso. Esto incluye criterios de equidad de género, discapacidad, interculturalidad, enfoque ecosistémico y atención intergeneracional, con el fin de atender la diversidad de necesidades en la gobernanza hídrica.
Entre los cambios más importantes se encuentra la prohibición de transferir derechos de agua entre particulares, la recuperación de concesiones no utilizadas por parte de Conagua, la incorporación de un catálogo de delitos hídricos que serán perseguidos de oficio y la transformación del Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua. También se introducen reglas más estrictas para evitar el acaparamiento y mejorar la transparencia.
Finalmente, la ley fortalece los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como las atribuciones de los Organismos Operadores en extracción, potabilización, distribución y drenaje. Asimismo, obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en un plazo de 180 días y ordena la creación de un Órgano Interno de Control para vigilar el cumplimiento del derecho humano al agua. Este nuevo marco legal, según el Senado, marcará un estándar nacional en la protección y uso sustentable de los recursos hídricos.
