La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad una reforma histórica a la Ley Federal del Trabajo que incorpora el concepto de violencia laboral, reconociendo de manera explícita prácticas como el acoso laboral, el ciberacoso y la discriminación, además del acoso sexual y el hostigamiento ya contemplados. El dictamen define este fenómeno como un conjunto de conductas ejercidas en un contexto de poder que dañan la salud, integridad y desarrollo de las personas trabajadoras.
El documento clasifica la violencia laboral en cinco categorías, lo que permitirá dar mayor claridad a las denuncias:
• Económica: limitaciones para controlar el ingreso o pagar salarios menores por el mismo trabajo.
• Física: uso de fuerza o armas, independientemente de que cause lesiones.
• Patrimonial: destrucción o retención de documentos, bienes o recursos económicos.
• Psicológica: intimidación persistente y sistemática.
• Sexual: conductas degradantes de carácter sexual, incluidas solicitudes de favores a cambio de beneficios.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es el reconocimiento del derecho a la reparación integral del daño, que contempla restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición. Con ello, las empresas no podrán limitarse a separar a las partes involucradas, sino que deberán sancionar a los responsables y aplicar medidas de reparación a las víctimas.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) subraya que los trabajadores contarán con orientación y representación legal gratuita en estos casos, y que las pruebas podrán incluir desde documentos y fotografías hasta grabaciones o mensajes electrónicos. La iniciativa también responde a los compromisos adquiridos por México al ratificar el Convenio 190 de la OIT en 2020, el cual exige acciones concretas para erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral.
Aunque aún debe pasar al pleno del Senado, especialistas destacan que esta aprobación en comisiones representa un paso decisivo. Por primera vez, la ley reconoce que la violencia laboral no es un problema menor ni aislado, sino un obstáculo estructural para garantizar empleos dignos. La diferencia será que ahora las empresas estarán obligadas no solo a prevenir y detener las agresiones, sino también a reparar el daño causado.
