La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen empresarios estadounidenses involucrados en el llamado “huachicol fiscal”, esquema mediante el cual ingresaban combustible a México sin pagar impuestos. Durante su conferencia matutina, señaló que incluso se ha solicitado la extradición de algunos de ellos para que enfrenten procesos legales en el país.
La mandataria explicó que es la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de proporcionar detalles sobre la investigación y los nombres de los implicados, en el marco del debido proceso. Confirmó que entre los empresarios señalados se encuentra la familia Jensen.
Al ser cuestionada sobre la cooperación con Estados Unidos, Sheinbaum indicó que existen investigaciones abiertas en ambos países y que corresponde a las fiscalías informar sobre los avances. También aclaró que no hay líneas de investigación contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, pese a que recientemente se difundieron audios relacionados con presuntas reuniones.
Respecto al caso, detalló que la familia Jensen introdujo ilegalmente 2 mil 881 cargamentos de petróleo crudo durante tres años, haciéndolos pasar por otras sustancias para evadir impuestos en la aduana. El esquema les habría generado ganancias por 300 millones de dólares y, según las investigaciones, contaban con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que pagaban una contraprestación.
El tráfico de combustible generalmente fluye de norte a sur, desde refinerías de Estados Unidos —principalmente en Texas— hacia México; sin embargo, en este caso la operación invirtió la ruta tradicional. La red fue desarticulada en abril pasado por autoridades estadounidenses, lo que puso fin a las actividades ilícitas de la familia.
Sheinbaum destacó que, como parte de las medidas para combatir el huachicol, actualmente las pipas que transportan combustible en México deben portar un código QR otorgado por la Secretaría de Energía. Este sistema permite verificar el origen y destino del producto, garantizar su legalidad y fortalecer la trazabilidad, acción coordinada entre el SAT, Aduanas, Pemex y otras dependencias para reducir significativamente el contrabando.
