La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para eliminar privilegios en jubilaciones y pensiones de exfuncionarios de altos mandos. La propuesta, que será presentada ante el Senado, busca poner un tope a estos beneficios y forma parte de la política de austeridad de su administración.
La mandataria explicó que la reforma al artículo 127 constitucional establecerá que las pensiones de exservidores públicos de confianza no podrán exceder el 50 % de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. Aclaró que no se aplicará al Poder Judicial ni a pensiones derivadas de contratos colectivos.
Sheinbaum subrayó que la medida pretende cerrar prácticas heredadas de administraciones anteriores, donde algunos exfuncionarios reciben montos que incluso superan el salario presidencial. “Este tipo de privilegios ofenden al pueblo”, afirmó, al contrastarlos con las pensiones mucho menores que perciben millones de trabajadores.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, precisó que la reforma no tendrá carácter retroactivo: quienes actualmente reciben montos elevados ya devengaron ese derecho, pero hacia adelante se aplicará el nuevo límite. El objetivo, dijo, es garantizar austeridad republicana, humanismo y responsabilidad financiera.
Por su parte, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló los casos que el gobierno considera “exorbitantes”. En la extinta Luz y Fuerza del Centro se reportan más de 14 mil pensionados que representan pagos anuales superiores a 28 mil millones de pesos, con miles de casos que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
En Petróleos Mexicanos (Pemex), más de 22 mil jubilados bajo el régimen de confianza implican un gasto anual cercano a 24 mil 844 millones de pesos, y al menos 544 reciben montos por encima de las percepciones presidenciales. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se registran miles de casos con pagos superiores al salario de la mandataria.
Asimismo, se mencionaron pensiones elevadas en entidades financieras públicas como Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), donde algunos jubilados perciben montos superiores al ingreso presidencial.
La presidenta estimó que, de aprobarse la reforma, se podrían generar ahorros por miles de millones de pesos, recursos que serían destinados a programas sociales del Bienestar. Reiteró que la iniciativa no afecta a trabajadores sindicalizados, sino exclusivamente a altos mandos que continúan recibiendo pensiones financiadas con recursos públicos.
Sheinbaum defendió que la propuesta no representa una confrontación política, sino un ajuste necesario para garantizar equidad en el uso del presupuesto. Señaló que incluso ella, al concluir su mandato, se jubilaría con una pensión del Issste cercana a 30 mil pesos mensuales.
La reforma surge tras la difusión de informes oficiales en 2025 sobre pensiones elevadas en empresas públicas, datos que han generado debate sobre la sostenibilidad y justicia de estos esquemas. El gobierno sostiene que limitar estos beneficios es coherente con la política de transformación y combate a la corrupción.
Buenrostro añadió que la dependencia trabaja en un paquete más amplio de medidas anticorrupción para fortalecer la cultura de la denuncia y mejorar los servicios públicos. La revisión legal, indicó, busca cerrar espacios a abusos y reforzar la transparencia.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo federal apuesta por consolidar la austeridad como principio constitucional y frenar los llamados “privilegios dorados” en el sector público, en medio de un debate nacional sobre equidad y responsabilidad en el gasto gubernamental.
