A pesar de que este 1 de septiembre se anunció la entrada en vigor de una supuesta “nueva ley” sobre el retiro de polarizados en vehículos, el Dr. Gilberto Plata, analista y experto en temas jurídicos, aclaró que no se trata de una nueva disposición legal, sino de una medida sin sustento jurídico que podría fomentar la corrupción y vulnerar derechos ciudadanos.
El Dr. Plata explicó que la base legal que actualmente se pretende aplicar es la Ley de Movilidad Sustentable, publicada en octubre de 2018.
Sin embargo, advirtió que esta ley carece de reglamento, lo que imposibilita su aplicación efectiva y deja un vacío legal preocupante.
“No estamos hablando de una nueva ley. La ley de movilidad sustentable fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa en octubre del 2018, esto vino a sustituir a la ley de Vialidad y Transportes, pero el problema es que los diputados determinaron que el ‘cómo, cuándo y dónde’ se debía aplicar mediante un reglamento… y casi siete años después, ese reglamento sigue sin existir, sin reglamento, no hay parámetros ni claridad sobre lo que está permitido y lo que no”.
Uno de los puntos más cuestionados por el analista fue la ambigüedad en el tratamiento del polarizado, ya que la ley únicamente menciona que no debe haber “objetos que impidan la visibilidad hacia el interior del vehículo”, sin especificar porcentajes de opacidad, tipos de material, o excepciones.
“La ley habla del polarizado, pero no habla del polarizado, dice que cualquier objeto calca que impida la visibilidad hacia el interior del vehículo, pero impedir no es lo mismo que obstaculizar, no existe un ordenamiento vigente que diga cuál es el grado de polarizado permitido, lo que han venido aplicando en los últimos siete años es un reglamento que fue derogado en 2018”.
Además, criticó el hecho de que la aplicación de estas medidas esté siendo realizada por fuerzas no facultadas para ello, como la policía municipal o elementos federales, cuando legalmente solo el tránsito municipal puede intervenir en temas de movilidad.
Plata también señaló que estas acciones podrían tener un carácter recaudatorio e intimidatorio, y llamó a los ciudadanos a no caer en prácticas de corrupción ante operativos que, a su juicio, carecen de sustento legal.
“Esta es una acción recaudatoria e intimatoria, No hay norma, no hay reglamento, pero sí hay multas de hasta dos mil pesos, y eso va a ser campo propicio para la corrupción de siempre: que te detengan, que te pidan dinero, que llegue la grúa, si no existe un reglamento que determine qué polarizado está permitido, ¿cómo puede una autoridad exigir una conducta que no está jurídicamente establecida?”.
Como recomendación, el Dr. Plata exhortó a los automovilistas que sean detenidos por esta causa a acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, donde pueden recibir asesoría legal gratuita y apelar cualquier sanción basada en un reglamento inexistente.
