Diputadas de distintas fuerzas políticas sostuvieron que el Congreso del Estado de Sinaloa sigue consolidando un marco jurídico que garantiza cada vez más a las mujeres una vida libre de violencia, ahora con una reciente reforma que permitirá una orden de protección de manera inmediata y que puede ser la diferencia entra la vida y la muerte.
Sus posicionamientos lo hicieron al aprobarse modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, en materia de fortalecimiento de acciones y medidas de protección para eficaz salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes y mujeres.
La diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez, presidenta de una de las dos comisiones dictaminadoras, la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, afirmó que con estas nuevas reformas se nutre más la Agenda Púrpura, entre cuyos objetivos está la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Resaltó que en el impulso a esta agenda legislativa no hay playeras ni partidos, ya que la violencia contra las mujeres es un problema que daña a Sinaloa.
Las nuevas reformas, aseguró, vienen a atender la necesidad de combatir la violencia, y para seguir avanzando se requiere dejar fuera los discursos y análisis, para entrarle de lleno a la problemática y atender a las personas más necesitadas.
Se pronunció por seguir trabajando de manera interinstitucional y multiacadémica para atender la raíz de los problemas.
La diputada Concepción Castro Castro quien es presidenta de la otra comisión dictaminadora, la de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, aclaró que si bien la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es de avanzada y está muy bien hecha, requiere de mejoras para mejorar las acciones y medidas de protección.
La violencia contra las mujeres, dijo, es una cadena en la cual sus eslabones más delicados y frágiles son las hijas e hijos.
Además, advirtió que a veces la violencia avisa y da señales de alerta, por lo que resulta esencial adecuar el marco jurídico para garantizar las medidas de protección sin condicionar éstas a la presentación de una denuncia, sobre todo cuando a las mujeres que sufren de violencia no se les cree o se minimiza el riesgo en que están junto con sus hijos e hijas.
Una orden de protección no es un protocolo, puede ser la diferencia entre vivir y morir ante un feminicida, afirmó.
Con las reformas, expuso, ahora toda autoridad estatal y municipal deben asumir la obligación de coadyuvar para que sean ejecutadas las órdenes de protección a las mujeres que están en riesgo, y con ello se estará en condiciones de evitar una desgracia.
La diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, secretaria de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, se pronunció por exigir que se apliquen las leyes de protección para ver resultados positivos reflejándose en una intervención temprana por parte de las autoridades en donde la policía lleve a la práctica, sus capacidades de respaldar la evaluación del riesgo a que están expuestas las mujeres.
Se deben dar, agregó, medidas de protección apropiadas y eficaces, hacer cumplir las órdenes de alejamiento, y referir a las mujeres a servicios sociales completos, incluyendo refugios y casas seguras.
“Las víctimas y sus familias deben tener acceso a servicios completos que les garanticen el acceso a la policía y al sistema de justicia, a los refugios, a la asistencia jurídica, a los servicios de salud, a la asesoría psicosocial, a las líneas de atención las 24 horas y al apoyo a largo plazo”, dijo.
La diputada Juana Minerva Vázquez González, vocal de esta misma comisión citada, reconoció el trabajo de dictaminación realizado y resaltó también que la iniciativa enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya visualiza y analiza una realidad.
Lo más importante, añadió, es que ahora se podrán implementar acciones de protección amplia para las mujeres víctimas y se establece el marco jurídico más efectivo para avanzar en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y sus familias.
Es decir, puntualizó, ya se podrán realizar actos de protección desde el momento en que se tiene conocimiento de un hecho de violencia.
“En Sinaloa toda mujer tiene derecho a ser valorada, derecho a no ser discriminada y, sobre todo, a vivir una vida libre de violencia”, dijo