El diputado del Partido Sinaloense, doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, presentó una iniciativa que busca incorporar de manera clara y normativa al turismo médico y de salud como una actividad prioritaria en la Ley de Turismo del Estado de Sinaloa.
La propuesta, respaldada por la diputada Angélica Díaz Quiñónez, responde a una tendencia internacional en crecimiento y busca dotar de certeza jurídica a una práctica que ya se desarrolla en el estado.
Corrales Burgueño destacó que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial como destino de turismo médico, recibiendo cada año a más de 1.4 millones de pacientes internacionales, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
En 2024, esta actividad generó 31 mil 200 millones de dólares a nivel global, y se proyecta que supere los 162 mil millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual del 23.1%, según datos de la consultora internacional Perspectivas de Negocios Fortune.
Pese a contar con infraestructura médica avanzada, especialistas certificados y una creciente conectividad aérea, Sinaloa aún carece de un marco legal que reconozca formalmente esta actividad.
Por ello, la iniciativa propone incorporar un nuevo capítulo en la Ley de Turismo que defina con precisión el turismo médico y de salud, así como los mecanismos de coordinación institucional entre los sectores sanitario y turístico.
El proyecto busca impulsar la certificación y profesionalización de los prestadores de servicios médicos bajo criterios éticos, de calidad y trazabilidad clínica, garantizando seguridad y confianza a los pacientes nacionales y extranjeros.
“Reconocer al turismo médico como una actividad regulada por la ley permitirá aprovechar con responsabilidad el potencial que ya existe en nuestro estado”, concluyó.
Además, plantea aprovechar la riqueza cultural, gastronómica y natural de Sinaloa como entorno complementario para la recuperación y el bienestar postoperatorio, fortaleciendo la imagen del estado como un destino de salud integral.
El diputado subrayó que esta propuesta también busca prevenir riesgos señalados por la Organización Mundial de la Salud, como la publicidad engañosa o la falta de seguimiento clínico, al establecer estándares éticos y legales que protejan a los pacientes.
