La Fiscalía General de la República (FGR) suspendió por segunda ocasión el proceso de arrendamiento de 2 mil 522 vehículos destinados al uso de sus funcionarios durante el periodo 2025-2028, una licitación cuyos montos oscilan entre 2 mil 480 y 3 mil 794 millones de pesos, lo que implicaría un costo superior al millón de pesos por unidad a lo largo del contrato.
El procedimiento, iniciado durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, arrastra antecedentes de presunta corrupción que derivaron en la destitución del entonces contralor interno Arturo Serrano Meneses y de varios colaboradores, así como en el inicio de investigaciones penales en su contra por un supuesto intento de cohecho relacionado con la validación del contrato.
De acuerdo con el acuerdo de suspensión, la Unidad de Recursos Materiales determinó frenar el proceso mientras el Órgano Interno de Control resuelve lo conducente, al considerar que la suspensión no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de carácter general.
La licitación contempla el arrendamiento de vehículos sin opción a compra, con cobertura nacional, para actividades operativas y administrativas de la institución. Entre las unidades solicitadas se incluyen sedanes, camionetas pick-up, motocicletas y vehículos híbridos, para un total de 2 mil 522 unidades, con una erogación mínima estimada de más de 2 mil 480 millones de pesos.
Aunque la FGR tenía previsto emitir el fallo esta semana, el proceso quedó nuevamente detenido tras notificarse oficialmente la suspensión el pasado 8 de diciembre, en un contexto marcado por retrasos judiciales y señalamientos de irregularidades que mantienen en pausa una de las contrataciones más costosas de la institución.
