El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) resolvió que no existió violencia política de género en la columna donde el periodista Arnoldo Cuéllar afirmó que Alejandro Navarro, esposo de la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, es “el verdadero poder tras el trono”. La alcaldesa argumentó que esta frase la invisibilizaba como autoridad y la subordinaba a un hombre, pero el tribunal concluyó que la publicación forma parte del debate político y está protegida por la libertad de expresión.
El magistrado ponente, Pablo Sharpe Calzada, explicó que la afirmación cuestionada se dirige a la influencia política de Navarro y no a la capacidad de Smith por ser mujer. Señaló que la columna carece de lenguaje sexista, estereotipos de género o descalificaciones dirigidas específicamente a mujeres, por lo que no se configura violencia política en razón de género. En su análisis, destacó que los estándares de la Sala Superior, Sala Monterrey y la Corte Interamericana respaldan la protección reforzada al ejercicio periodístico.
El tribunal también advirtió que sancionar al columnista tendría un efecto inhibidor sobre el periodismo político, restringiendo el debate público. Por ello, determinó dejar sin efecto las medidas cautelares que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) había ordenado previamente para retirar la frase de la columna “Días de guardar”. La denuncia original fue presentada por Smith el 24 de septiembre, y tras pasar por la Comisión de Quejas del IEEG, llegó al TEEG en noviembre.
Esta resolución se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre periodistas y el IEEG. El año pasado, reporteros clausuraron simbólicamente las instalaciones del instituto como protesta por medidas cautelares que, según denunciaron, coartaban la libertad de expresión al ordenar bajar notas y someter a comunicadores a procedimientos sancionadores por violencia política de género. Varias de esas medidas derivaron de declaraciones de figuras políticas que fueron denunciadas por candidatas de Morena y del PAN.
Los periodistas y medios afectados acusaron al IEEG de limitar tanto su labor como el derecho de la ciudadanía a informarse. En su posicionamiento, integrantes del Consejo Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas afirmaron que estas acciones atentaban contra la libertad de expresión y contra la difusión abierta de posturas políticas, un debate que vuelve a colocarse en el centro tras la reciente decisión del TEEG.
