Los países de la Unión Europea aprobaron un paquete de medidas para endurecer su política migratoria, en un contexto marcado por el ascenso de fuerzas de derecha y extrema derecha en la región. Las propuestas, impulsadas por la Comisión Europea, buscan reforzar el control de las llegadas y acelerar las expulsiones de migrantes.
Entre los cambios más polémicos se encuentra la creación de “centros de retorno” fuera del territorio comunitario, a los que serían enviados los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Además, se contempla imponer sanciones más severas a quienes se nieguen a abandonar Europa, así como la posibilidad de enviarlos a terceros países considerados “seguros”, aunque no sean sus países de origen.
Pese a que las entradas irregulares en Europa disminuyeron 20 por ciento respecto al año anterior, la presión política para actuar se mantiene alta. El comisario europeo Magnus Brunner subrayó la necesidad de transmitir a la ciudadanía la sensación de que la UE mantiene el control de la situación, justificando así el giro restrictivo.
Estas medidas han recibido fuertes críticas de sectores de izquierda y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten que el plan pone en riesgo la seguridad y el acceso a la protección internacional de miles de personas. ONG como PICUM sostienen que la UE está optando por políticas que aumentarán la vulnerabilidad y la inseguridad jurídica de quienes buscan refugio.
El impulso de Dinamarca, actual presidenta rotatoria del bloque, ha sido clave para avanzar rápidamente en estas reformas, aunque persisten dudas en algunos Estados miembro. España, por ejemplo, cuestiona la eficacia de los centros de retorno por experiencias fallidas previas, mientras que Francia ha expresado reservas legales y operativas sobre varias de las propuestas.
Aun así, la presión política dentro del bloque hace cada vez más difícil mantener las objeciones. El apoyo de diputados de derecha y extrema derecha en el Parlamento Europeo ha fortalecido la posibilidad de que las medidas sean finalmente aprobadas, quizá a inicios del próximo año.
Además del endurecimiento migratorio, los Veintisiete acordaron un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo para aliviar a países como Grecia e Italia, que reciben la mayor presión migratoria. El mecanismo exigirá que otros Estados miembro reciban a parte de estos solicitantes o, en caso contrario, aporten una contribución financiera de 20 mil euros por cada persona que decidan no acoger.
Aunque el sistema entrará en vigor en junio próximo, su implementación sigue generando tensiones, ya que pocos países están dispuestos a aceptar solicitantes de otros Estados miembro. La distribución acordada por los Veintisiete permanece confidencial, reflejando la sensibilidad política del tema y la dificultad de alcanzar consensos en materia migratoria.
