El gobierno de Venezuela condenó el procedimiento judicial realizado en un tribunal de Estados Unidos que culminó en la “venta forzosa” de Citgo, la principal filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense. Caracas calificó el proceso como un “vulgar y bárbaro despojo” de un activo estatal mediante un mecanismo que consideró fraudulento. Citgo, con tres grandes refinerías y miles de estaciones de servicio, es el activo externo más valioso del país sudamericano.
El caso se originó a partir de demandas de acreedores, entre ellos la minera canadiense Crystallex, que exigían compensaciones por expropiaciones pasadas en Venezuela. Tras múltiples rondas jurídicas, un juez de Delaware aprobó la subasta de acciones de Citgo para distribuir los recursos entre varios acreedores. El gobierno venezolano responsabilizó a actores internos que, bajo el reconocimiento otorgado por Washington al “gobierno interino” de Juan Guaidó, tomaron control de facto de la empresa durante la administración de Donald Trump.
Caracas reiteró que no reconocerá la venta y anunció que seguirá tomando medidas legales para que los responsables del “despojo” rindan cuentas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que Citgo generó entre 4,000 y 5,000 millones de dólares anuales desde 2019, lo que implicaría no solo la pérdida de una empresa valorada en 12,000 millones, sino también la desaparición de dividendos por unos 24,000 millones. La Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo unánime de rechazo al proceso judicial y al “expolio” de Citgo.
En un plano paralelo, el Ministerio de Transporte informó que Estados Unidos solicitó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. El presidente Nicolás Maduro autorizó el uso del espacio aéreo para aeronaves de Eastern Airlines LLC, que podrán aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Desde febrero, casi 100 vuelos con migrantes deportados han llegado desde territorio estadounidense.
El anuncio ocurre después de tensiones recientes, ya que días antes Washington había pedido considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado. Caracas respondió que fue Estados Unidos quien suspendió unilateralmente los vuelos de repatriación y que la administración Trump bloqueó el tráfico aéreo venezolano mientras lanzaba amenazas contra el país, aunque mantuvo habilitados los vuelos que consideraba de su conveniencia.
