Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante una propuesta oficialista para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el apartado que sanciona como contravención la emisión de “expresiones en descrédito o deshonra”. La iniciativa busca añadir un inciso interpretativo al artículo 396 con el argumento de reforzar la protección de la libertad de expresión en asuntos de interés público o críticas a servidores públicos.
Fundamedios, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, calificó la reforma como “redundante” y advirtió que podría profundizar la criminalización del discurso. A su juicio, la propuesta mantiene abierta la vía penal para procesar expresiones que ya se encuentran protegidas por la Constitución y por estándares internacionales de derechos humanos.
La fundación señaló que el proyecto obliga a jueces a verificar si las expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, aplicar estándares constitucionales e interamericanos y realizar un test de proporcionalidad antes de sancionar. Sin embargo, subrayó que estos criterios no son nuevos ni opcionales, ya que rigen en Ecuador por la supremacía constitucional y la vigencia directa de los tratados internacionales.
Para Fundamedios, el problema no es la falta de normas protectoras, sino la práctica judicial que ha permitido utilizar el sistema penal para castigar o inhibir la crítica, incluso cuando se refiere a temas de claro interés público o al escrutinio de funcionarios. En ese sentido, reiterar estándares sin modificar la lógica punitiva de fondo no resolvería el problema y podría normalizar la judicialización de la crítica.
El pronunciamiento también advierte sobre los riesgos de mantener un tipo contravencional amplio y ambiguo, como el de “expresiones en descrédito o deshonra”, al que se agregan filtros interpretativos sin reducir su alcance. Esto, señala la organización, preserva el control penal sobre el debate público y deja la protección de derechos en manos de una discrecionalidad judicial que no siempre ha favorecido la libertad de expresión.
Fundamedios recordó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido claro al establecer que la libertad de expresión es un pilar de la democracia y que las restricciones deben cumplir criterios estrictos. En particular, el uso del derecho penal frente a expresiones sobre asuntos de interés público puede generar un efecto inhibitorio, promoviendo la autocensura y debilitando la deliberación democrática.
Finalmente, la organización subrayó que los funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica, dado su rol y el poder que ejercen. Desde esta perspectiva, advirtió que fortalecer la democracia requiere menos castigo penal y más debate público, especialmente en contextos donde periodistas y ciudadanos enfrentan presiones al cuestionar decisiones oficiales o denunciar abusos de poder.
