La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que el ataque perpetrado la noche del 15 de octubre contra su sede de la unidad antisecuestros en Playas de Tijuana fue ejecutado mediante drones que lanzaron tres artefactos explosivos de fabricación casera. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó que la agresión ocurrió alrededor de las 19:06 horas y que el personal se encontraba en turno completo dentro del edificio. Los explosivos cayeron en el patio de la dependencia, provocando daños materiales en varios vehículos, aunque sin dejar personas heridas.
Los artefactos, explicó Andrade, consistían en botellas de plástico cargadas con pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, acopladas a drones operados a distancia. Al impactar, los explosivos dispersaron su contenido, dañando vidrios y carrocerías de tres autos particulares y uno oficial. La fiscal aclaró que los dispositivos no provocaron incendios ni destrucción total de los vehículos, y que las afectaciones se limitaron al área interior del complejo.
Durante una conferencia de prensa realizada la madrugada del jueves, Andrade mostró imágenes y videos del ataque y aseguró que no hubo disparos por parte de los agresores, aunque sí se realizaron disparos preventivos de los agentes tras detectar el sobrevuelo de otro dron no identificado. Subrayó que se trata del primer ataque documentado en Baja California donde se emplea esta tecnología contra una institución de justicia, lo que marca un precedente en la escalada de violencia en el estado.
El caso se investiga bajo la figura penal de terrorismo, con apoyo de la Fiscalía General de la República y corporaciones federales. Hasta ahora, las periciales permanecen bajo control de la FGE, que ha tomado evidencia del sitio. Las autoridades sospechan que el ataque podría estar relacionado con agresiones previas contra instalaciones de procuración de justicia y con recientes detenciones de líderes de grupos del crimen organizado, lo que habría generado represalias.
La fiscal general sostuvo que los responsables cuentan con recursos y planeación suficiente para utilizar drones con fines ofensivos, y que la agresión fue dirigida exclusivamente al patio de la unidad, sin intención de afectar a civiles ni a la zona residencial colindante. También reconoció que el uso de drones complica la identificación de los atacantes, ya que estos no requieren presencia física en el lugar, lo que representa un nuevo desafío para las investigaciones.
Finalmente, Andrade Ramírez aseguró que la Fiscalía dispone de tecnología y apoyo institucional para dar seguimiento al caso. “Este ataque cobarde no quedará impune”, afirmó, reiterando que la ofensiva se enmarca en la respuesta del crimen organizado a los más de dos mil cateos y detenciones realizadas este año en Baja California por delitos de alto impacto como homicidios y secuestros.
