Ante la solicitud del diputado Sergio Torres Félix, líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, para que se realice una auditoría forense a la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, explicó que actualmente existen restricciones legales que impiden avanzar en ese tipo de revisiones.
El legislador ha señalado presuntas irregularidades como la existencia de más de 3 mil aviadores, gastos excesivos y un sueldo superior a los 230 mil pesos mensuales para el rector. Sin embargo, la auditora precisó que, aunque la ASE tiene facultades para revisar los recursos estatales y propios de la universidad, los intentos de auditoría han sido suspendidos por amparos promovidos ante juzgados federales.
“El tema de la universidad sigue en manos de las autoridades jurisdiccionales, quienes deben determinar qué instancia es competente para revisar qué tipo de recursos. Nosotros seguimos considerando que tenemos facultad para revisar los recursos propios, pero mientras no se resuelvan los amparos o se reforme la ley, no podemos continuar con las auditorías”, explicó Félix Rivera.
La titular de la ASE recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya realizó una auditoría forense a la UAS correspondiente al ejercicio 2023, cuyos resultados están publicados. En ese sentido, indicó que el diputado Torres puede presentar su solicitud directamente ante la ASF si se trata de recursos federales.
Respecto a denuncias recientes, Félix Rivera aclaró que la ASE no ha recibido ninguna queja formal relacionada con aviadores o nómina inflada en la universidad. “En una ocasión logramos realizar una auditoría, cuyos resultados están disponibles, pero actualmente no tenemos ninguna denuncia de ese tipo”, puntualizó.
Finalmente, señaló que la UAS suele ser incluida cada año en el Programa Anual de Auditorías debido al volumen de su presupuesto y a señalamientos previos. No obstante, el Comité de Planeación deberá analizar en las próximas semanas cómo proceder ante la reiterada suspensión de auditorías por vía judicial.
