El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa en materia de prevención del embarazo en adolescentes.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, destacó que México encabeza la lista de países de la OCDE con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años.
Señaló que, en Sinaloa, los datos del Censo de INEGI 2020 revelan una preocupante incidencia de nacimientos en adolescentes, incluyendo 137 casos en niñas de apenas 12 años. En total, se registraron 5,260 embarazos en menores de entre 15 y 19 años, concentrados principalmente en municipios como Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato y Juan José Ríos.
Guerra Ochoa subrayó que el silencio en los hogares sobre temas de sexualidad contribuye a esta problemática. “Los silencios matan. No hablar de sexualidad no evita embarazos, los propicia”, afirmó. Señaló que el 51.9% de las adolescentes que inician su vida sexual entre los 12 y 19 años quedan embarazadas en su primera relación.
Además, se propone garantizar el derecho de las y los adolescentes a recibir atención sexual integral, información sobre el ciclo reproductivo y orientación adecuada para su desarrollo. Guerra Ochoa advirtió que la maternidad temprana frustra el crecimiento personal y profesional de las niñas, y que biológicamente no están preparadas para asumir esa responsabilidad.
“Como Congreso no podemos seguir siendo omisos. Esta reforma es por las niñas, por su seguridad, por su felicidad. Seguiremos trabajando desde esta LXV Legislatura para proteger su presente y su futuro”, concluyó la diputada.
Las modificaciones establecen que la planificación familiar tendrá carácter prioritario para contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes, disminuir el riesgo reproductivo y coadyuvar con la plena realización del desarrollo integral de este sector de la población.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que garantiza el acceso gratuito y confidencial a métodos anticonceptivos en centros de salud públicos y privados para adolescentes, donde, además, se les deberá proporcionar información sobre su correcta utilización, los riesgos de iniciar una vida sexual prematura y los efectos del embarazo adolescente.
