La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel como participante de Eurovisión provocó una crisis sin precedentes en el certamen. España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia anunciaron su retirada inmediata en protesta por la permanencia del país, acusado por estos gobiernos de violaciones graves a los derechos humanos en Gaza y de incumplir normas del propio concurso. El conflicto estalló tras la asamblea general de la UER, en la que se decidió no someter a votación la expulsión de Israel pese a las peticiones de varios miembros.
La asamblea, integrada por 68 cadenas de 56 países, aprobó cambios técnicos y de votación sin abrir el debate sobre Israel. Aunque algunos representantes advirtieron sobre la necesidad de proteger la libertad de prensa y la independencia informativa en contextos de conflicto, la decisión dejó intacta la participación israelí. Esto generó fuerte indignación, especialmente al considerarse que Israel es uno de los principales patrocinadores del festival a través de Moroccanoil, lo que alimentó críticas sobre un posible conflicto de intereses.
Eurovisión, celebrado desde 1956 y considerado el programa televisivo más longevo aún en emisión, siempre ha procurado presentarse como un evento cultural apolítico. Sin embargo, la retirada de los cuatro países —todos con una larga tradición en el concurso— evidenció que la polémica en torno a Israel había desbordado el ámbito musical. En particular, España, históricamente vinculada al festival con figuras como Raphael o Julio Iglesias, explicó que la permanencia israelí contradice los valores culturales y humanitarios que el certamen presume defender.
Radio Televisión Española (RTVE), responsable de la participación nacional, denunció “serias dudas” sobre la presencia de la emisora israelí KAN, acusándola de usar el concurso con fines políticos. También expresó preocupación por la falta de sanciones ante presuntas manipulaciones de voto en las últimas ediciones. Países Bajos, Irlanda y Eslovenia compartieron esta postura, con críticas centradas en la injerencia política, las restricciones a la libertad de prensa y el sufrimiento humanitario en Gaza.
Especialmente contundente fue Avotros, la televisora neerlandesa, que afirmó que “la cultura une, pero no a cualquier precio”, mientras que la RTV eslovena recordó que Rusia fue expulsada del certamen tras invadir Ucrania, y cuestionó que la UER no aplicara el mismo criterio a Israel. Las tres televisoras coincidieron en que Eurovisión no puede ser neutral ante acciones consideradas contrarias al derecho internacional y a los principios europeos de paz.
El gobierno español respaldó plenamente la retirada de RTVE. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llamó incluso a un boicot cultural y deportivo contra Israel por el incumplimiento del alto el fuego, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz insistió en que “la cultura debe estar del lado de la paz y la justicia, no del blanqueamiento del genocidio”. Estas declaraciones reflejan que el desacuerdo trasciende lo artístico para convertirse en un posicionamiento político y diplomático.
Finalmente, voces dentro del propio organismo televisivo español subrayaron que la crisis revela la profunda politización del concurso. El presidente de RTVE, José Pablo López, afirmó que lo ocurrido demuestra que Eurovisión “ya no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos”, dejando al descubierto un conflicto que podría redefinir el futuro del certamen en Europa.
