A escasas horas de asumir su cargo, la senadora fueguina Cándida Cristina López denunció haber sido bloqueada y agredida por personal de seguridad del Senado, en medio de un conflicto por la reasignación de oficinas impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según su relato, el incidente comenzó el 28 de noviembre, día de la jura de los nuevos legisladores, cuando descubrió que no podía acceder a su despacho en el cuarto piso, el cual estaba sellado y obstruido con sillones a modo de barricada.
López afirmó que la restricción obedecía a un decreto emitido por Villarruel en septiembre, destinado a ordenar la restitución de oficinas por parte de senadores salientes. Según denunció, además de impedirle el acceso, retiraron de la puerta la placa con su nombre. Cuando volvió este lunes para intentar ingresar y recuperar pertenencias de ella y de su equipo, nuevamente se encontró con personal de seguridad bloqueando el paso.
Para acceder, acudió con un cerrajero, pero el trabajador —según la denuncia— fue amenazado, forcejeado y obligado a retirarse. En videos difundidos se observa al personal de seguridad impidiendo su labor mientras se escucha la frase: “A la senadora no la toca nadie”. Un segundo cerrajero tampoco pudo siquiera acercarse a la puerta. López afirmó haber recibido agresiones físicas y mostró un moretón en su pierna derecha como prueba.
Otro video muestra a la senadora Juliana Di Tullio discutiendo con miembros de seguridad tras enterarse de que la presidenta del Senado habría ingresado previamente al despacho, lo que generó indignación entre las legisladoras. López compartía esa oficina con el senador salteño José Sergio Levy, cuyo mandato concluye el 10 de diciembre, y que habría sido asignada meses atrás mediante gestiones internas.
El origen del conflicto se encuentra en el decreto 488 firmado por Villarruel, que estableció la realización de un relevamiento de todas las oficinas del Senado y ordenó que los legisladores con mandato cumplido restituyeran sus despachos antes del 10 de diciembre, incluyendo mobiliario, equipos, documentación y artículos administrativos.
La medida implica poner fin a una práctica histórica en la Cámara alta, donde algunos espacios de privilegio eran cedidos informalmente entre legisladores o bloques a lo largo del tiempo. La aplicación estricta de esta disposición ha generado tensiones que derivaron en el episodio denunciado por López, aún en proceso de esclarecimiento.
