Irene González

Culiacán, Sinaloa.- Por mayoría Comisión aprobó dictamen que desecha iniciativa presentada por los pasistas Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño que propone incluir como falta administrativa grave al servidor público que incurre en desacato al no dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que hubieren sido aceptadas.

Los diputados y la diputada de la Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana que votaron a favor del dictamen fueron Cecilia Covarrubias González, Adolfo Beltrán Corrales, Marco César Almaral Rodríguez y Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidenta, secretario y vocales respectivamente. El diputado vocal Gene René Bojórquez Ruiz votó en contra.

Entre los argumentos para desechar la iniciativa se puntualiza que las recomendaciones de la CEDH no son vinculatorias y se trata de un Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos que cuenta con procedimientos establecidos para que todo servidor público esté obligado a responder las recomendaciones.

Además se precisó que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Además, el Congreso del Estado de Sinaloa podrá llamar, a solicitud de la CEDH, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

La Secretaria Técnica Rebeca Alejandra Uriarte Ordóñez dio lectura al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar el párrafo segundo al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, precisando luego de detallar las consideraciones de la comisión dictaminadora, que el dictamen desecha la iniciativa toda vez que las recomendaciones de la CEDH son autónomas y no vinculatorias.

Explicó que las consideraciones del dictamen atienden al artículo 102, apartado B de la Constitución federal, al artículo 77 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y los artículos 98 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismos que se encuentran en armonía con los tratados internacionales suscritos por México para la protección de los derechos humanos.

La Secretaría Técnica dijo, al leer el documento, que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la CEDH establece que las recomendaciones no son vinculatorias, pero una vez aceptadas, la autoridad o servidor público está obligado a cumplirlas en sus términos, en atención al respeto y cumplimiento de los derechos humanos que constitucionalmente se les exige.

La diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la comisión, encabezó la reunión en la que se dio la discusión acerca del dictamen.

El diputado de Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta sostuvo que el artículo primero constitucional establece las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y sus mecanismos de protección.

El diputado Marco César Almaral Rodríguez sostuvo que ya están establecidos los procesos disciplinarios, penales y de seguimiento por lo que dar fuerza coercitiva a la CEDH es un despropósito pues se convertiría en un tribunal más.

“Se perdería la complementariedad que se busca lograr en relación con los medios judiciales y la naturaleza de estas instituciones es la no vinculatoriedad de las recomendaciones que emite, esa es la esencia de la institución y no se puede obligar a cumplir a través de una sanción o consecuencia jurídica”, comentó.El diputado del PAS Gene René Bojórquez Ruiz expreso que el dictamen fue elaborado

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