Un funcionario iraní reconoció por primera vez que alrededor de 2 mil personas han muerto durante las protestas que sacuden al país desde hace dos semanas, según declaraciones ofrecidas a la agencia Reuters bajo condición de anonimato. Se trata de la admisión oficial más alta hasta ahora tras una intensa represión a nivel nacional.
El funcionario atribuyó las muertes tanto de manifestantes como de integrantes de las fuerzas de seguridad a lo que calificó como “terroristas”, sin detallar cuántas víctimas corresponden a cada grupo. Esta cifra contrasta con el registro de la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, que ha verificado al menos 648 fallecimientos y advierte que el número real podría superar las 6 mil personas.
Las protestas surgieron inicialmente por el deterioro de la situación económica y el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se transformaron en un movimiento de oposición directa al régimen teocrático que gobierna Irán desde 1979. Analistas señalan que se trata del mayor desafío interno para las autoridades iraníes en al menos tres años.
El gobierno ha respondido con una estrategia dual: por un lado, reconoce la legitimidad de las quejas económicas; por otro, ha desplegado una fuerte represión en materia de seguridad. Las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios y sostienen que las protestas fueron infiltradas por actores externos a los que catalogan como terroristas.
En el ámbito de las comunicaciones, el martes se restableció la telefonía internacional en Teherán, aunque el acceso a internet sigue bloqueado desde el 8 de enero. Organizaciones de derechos humanos señalan que esta medida busca ocultar la magnitud de la violencia y ha dificultado la verificación independiente de los hechos, pese a la circulación de videos que muestran enfrentamientos armados, incendios y choques nocturnos.
La represión ha generado condenas internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” y pidió detener las muertes de manifestantes pacíficos, mientras que Human Rights Watch alertó sobre informes creíbles de matanzas a gran escala. La admisión oficial de cerca de 2 mil fallecidos marca un punto de inflexión en la postura informativa del régimen iraní frente a la crisis.
