La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), María Teresa Guerra Ochoa, anunció que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se encuentra lista para dictaminar los proyectos de ley que concretarán la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
La legisladora señaló que Sinaloa busca cerrar el 2025 cumpliendo con la armonización de la reforma constitucional federal, un tema que calificó como «pendiente obligado» para la entidad.
Guerra Ochoa reconoció que existe una postura clara de rechazo por parte de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes han defendido la permanencia de los órganos autónomos. No obstante, afirmó que el modelo de transparencia en México está evolucionando hacia nuevas figuras.
«No estamos negando la necesidad de fortalecer la transparencia; entendemos que hay quienes apuestan a un órgano autónomo, pero nosotros pensamos que es tiempo de transitar hacia otras figuras y ver cómo camina esto», expresó la diputada.
Ante la inquietud sobre el futuro del personal que labora en la CEAIP, la diputada envió un mensaje de tranquilidad, asegurando que sus derechos serán respetados y que habrá canales de diálogo abiertos.
Se ha asignado recurso para el ejercicio fiscal 2026 específicamente para cubrir el proceso de transición y se buscará sentarse con el personal para definir si el camino será la reubicación u otro esquema administrativo.
Para contrarrestar las críticas sobre si una secretaría puede ser «juez y parte» en la transparencia, Guerra Ochoa puso como ejemplo el ejercicio realizado con el crédito de $2,300 millones de pesos solicitado por el Gobierno del Estado.
Subrayó que, a través de la creación de un micrositio específico, la ciudadanía ha podido consultar en tiempo real el avance de las obras, montos y licitaciones, demostrando que existe voluntad política para informar sin necesidad de intermediarios autónomos.
«Lo que importa es que haya voluntad política para seguir transitando con transparencia. La CEAIP era a veces un eslabón suelto; el seguimiento puntual de sanciones realmente se hace en la Secretaría de Transparencia o en la Auditoría Superior del Estado», concluyó.
