Un video difundido en redes sociales desató una fuerte ola de indignación al mostrar a autoridades locales destruyendo alimentos preparados vendidos por comerciantes ambulantes latinoamericanos. En las imágenes se observa a funcionarios rociando cloro sobre la comida, argumentando que los vendedores no contaban con permisos sanitarios ni comerciales.
El hecho generó especial impacto porque se suma a recientes tensiones entre migrantes latinoamericanos y autoridades en diversas ciudades de Estados Unidos. La grabación, compartida inicialmente en TikTok y Facebook, muestra a una inspectora de sanidad y a varios oficiales acercándose al puesto y, tras una breve conversación con los vendedores, vertiendo cloro sobre bandejas de carnes, salsas y guarniciones.
La familia migrante afectada quedó visiblemente consternada, pues la mercancía representaba su ingreso del día. Medios locales e internacionales retomaron rápidamente el clip, que se volvió tendencia bajo etiquetas como #DenverColorado, #StreetVendors, #LatinosEnUSA y #AbusoDeAutoridad, amplificando el debate público.
Miles de usuarios calificaron el procedimiento como exagerado, inhumano, punitivo y un abuso de autoridad contra migrantes. Aunque algunos internautas reconocieron que los comerciantes carecían de permisos, cuestionaron la necesidad y proporcionalidad de destruir alimentos con cloro, señalando que la medida humilla y afecta directamente a familias trabajadoras que dependen del comercio informal.
El caso reavivó el debate nacional sobre el trato hacia comunidades migrantes que participan en la economía informal en ciudades como Denver, Los Ángeles, Houston y Nueva York. El Departamento de Salud de Denver afirmó que el operativo se realizó conforme a la normativa, señalando la falta de licencias y medidas básicas de higiene, aunque omitió pronunciarse sobre el uso de cloro.
La polémica ha impulsado a organizaciones y expertos a pedir protocolos más humanos, procesos accesibles para obtener permisos y programas de apoyo a emprendedores migrantes. Señalan que prácticas como esta no solo afectan a familias vulnerables, sino que deterioran la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.
