La salida de tres perfiles independientes el pasado 3 de abril deja la puerta abierta para que la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados imponga a los nuevos árbitros que vigilarán las elecciones presidenciales de 2030.
La autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) ha entrado en una zona de turbulencia institucional. Con el fin del periodo de las consejerías de Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, el órgano electoral pierde a tres de sus voces más críticas e independientes, abriendo paso a un proceso de sucesión que, según expertos, está diseñado para ser controlado totalmente por Morena y sus aliados.
Un árbitro a la medida del poder
El relevo de estos tres integrantes, quienes ocuparían el cargo por un periodo de nueve años (2026-2035), se da en un contexto donde el bloque oficialista controla todas las etapas del proceso de designación. Desde el Comité Técnico de Evaluación hasta la votación final en la Cámara de Diputados, la sombra del «palomeo» político amenaza con desplazar la capacidad técnica por la lealtad partidista.
Para Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, el riesgo es inminente: «La mayoría calificada la tienen la alianza de tres partidos y es probable que impongan esa mayoría sin la consideración de ninguna otra de las fuerzas políticas”. Esta falta de consenso, advierten, podría romper la legitimidad del árbitro frente a la oposición y la ciudadanía.
El fantasma del conflicto poselectoral
La preocupación de figuras históricas de la democracia mexicana no es menor. José Woldenberg, primer presidente del IFE autónomo, calificó la situación como una «tragedia mayor», señalando que la pérdida de contrapesos internos en el Consejo General debilita la confianza en los comicios.
Por su parte, Leonardo Valdés Zurita alertó que un INE sin pluralidad es la receta perfecta para el regreso de los conflictos poselectorales que México vivió durante décadas. Sin un árbitro que sea respetado por todos los jugadores, los resultados de las elecciones intermedias de 2027 y la sucesión presidencial de 2030 podrían nacer bajo la sospecha de parcialidad.
Asfixia presupuestal y silencio institucional
A la crisis de perfiles se suma una estrategia de presión financiera. Bajo la actual gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, el INE ha aceptado recortes históricos sin precedentes. En 2025, el instituto sufrió un tijeretazo de 13,000 millones de pesos sin presentar recursos legales para defender su autonomía presupuestal.
Este 2026, la historia se repite con un recorte de 3,000 millones de pesos aplicado por la Secretaría de Hacienda por un presunto «error», el cual fue aceptado por la administración de Taddei sin mayor resistencia jurídica.
¿Hacia dónde va la democracia?
El escenario para la próxima década electoral en México se definirá en las próximas semanas en San Lázaro. Si Morena opta por la imposición de perfiles cercanos, el INE pasará de ser un órgano autónomo de Estado a una institución cooptada por la mayoría en turno. El reto para la sociedad civil y los organismos internacionales será vigilar un proceso que podría cambiar las reglas del juego democrático hasta el año 2035.
