El diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, reveló que sostuvo un primer acercamiento con Sara Carter, Directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y conocida en EE. UU. como la “zar antidrogas” de Estados Unidos durante un encuentro realizado en Washington, en el que expuso una propuesta para llevar al ámbito farmacéutico e industrial el uso legal de algunos opioides producidos en México.
En entrevista para el noticiero Viva La Noticia, conducido por el periodista Enrique Gil Vargas, el legislador sinaloense explicó que su planteamiento despertó interés entre congresistas estadounidenses y, en particular, entre la funcionaria encargada de la política antidrogas, con quien intercambió información y acordó dar seguimiento al tema mediante sus equipos de trabajo.
Zamora detalló que la iniciativa busca ofrecer una alternativa legal a pequeños productores de amapola, especialmente en regiones de Sinaloa donde el cultivo se da de manera natural y con alto rendimiento, como una vía para debilitar el mercado ilegal y atender el trasfondo social del problema del narcotráfico y del fentanilo.
El diputado subrayó que no se trata de una solución inmediata ni de un cambio abrupto, sino de un proceso gradual que podría iniciar con programas piloto y que requeriría sustento legal, científico y económico, así como diálogo con autoridades mexicanas y estadounidenses.
“Es una idea disruptiva, distinta, como que no estaba en el radar, pero que tiene sustento social, sustento legal”, afirmó el legislador, al señalar que el modelo actual de combate al narcotráfico es insostenible y no ha logrado frenar la violencia ni el tráfico de drogas.
Asimismo, Zamora consideró que la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, obliga a México a explorar rutas diferentes a la militarización, apostando por esquemas que integren ciencia, regulación y desarrollo económico regional.
“Lo que hoy tenemos no da para más, ya no hay manera”.
Finalmente, el diputado indicó que continuará buscando respaldo de especialistas, autoridades y actores políticos de distintos partidos, con el objetivo de abrir el debate y evaluar una alternativa que, dijo, podría cambiar las reglas del juego en estados como Sinaloa.
