La transición energética global avanza a un ritmo acelerado, pero su cara menos visible se encuentra lejos de Europa: en los salares, humedales y ríos de Sudamérica, donde las comunidades denuncian una pérdida de agua que no aparece en los discursos oficiales. Durante la Semana de Materias Primas Críticas en Bruselas, representantes de territorios afectados recordaron que la extracción de minerales estratégicos —como litio, cobre y tierras raras— está multiplicando el estrés hídrico en regiones que ya viven al límite.
En el centro de este debate emergió la voz de Yber Sarapura, de las comunidades de Salinas Grandes, quien cuestionó directamente la narrativa europea sobre una “transición justa”. Mientras en Bruselas se discuten innovación y autonomía energética, en la puna argentina el agua es un recurso escaso cuya explotación masiva para extraer litio ya provoca la desaparición de ríos, el retroceso de humedales y el agotamiento de acuíferos.
La demanda europea es innegable: para 2050 la UE necesitará un 60% más de litio y un 30% más de cobre. Por eso ha firmado acuerdos con países como Chile, Argentina, Brasil y Perú. Pero este flujo de minerales tiene un costo territorial: el agua se convierte en un recurso de exportación. Y las cifras lo confirman: 54% del litio mundial está en Sudamérica; Chile y Perú concentran las mayores reservas de cobre; y Brasil posee el 23% de las tierras raras.
Aunque en Bruselas se habló de reciclaje, estándares y sostenibilidad, la cuestión más crítica —la destrucción progresiva del agua— quedó relegada. Expertas como Laura Castillo advierten que los salares andinos son ecosistemas extremadamente frágiles, ubicados en zonas áridas donde la intervención minera altera un equilibrio ya comprometido por el cambio climático. Ejemplos como el río Trapiche en Catamarca o los ríos contaminados en Cajamarca muestran la magnitud del problema.
En respuesta, algunas iniciativas buscan soluciones estructurales. La plataforma EU Raw Materials Coalition propone crear zonas prohibidas para la extracción, asegurar consultas reales y garantizar beneficios para las comunidades cuando exista consentimiento. Sin embargo, sobre el terreno predomina otra realidad: estudios ambientales fragmentados, estándares flexibilizados, poblaciones bebiendo agua contaminada y procesos de consulta que muchas veces se reducen a meras apariencias.
El miedo a perder el agua, explica la investigadora Johanna Sydow, es el eje de los conflictos con la minería. Y no es infundado: un salar o un río que desaparecen no se recuperan. En lugares como Salinas Grandes, los intentos de diálogo están agotados y la postura comunitaria es clara. Como resume Sarapura: «No queremos dinero ni relocalización. Nuestra respuesta es no».
Mientras en Bruselas se discute el futuro de la movilidad eléctrica y la autonomía tecnológica, las comunidades afectadas recuerdan una verdad elemental: la transición energética no puede construirse sacrificando territorios que ya enfrentan la escasez extrema. Porque sin agua, insisten, no hay vida posible.
