El estado de Chiapas enfrenta una fuerte indignación social tras conocerse el caso de una niña de 10 años que permanece en estado crítico en San Cristóbal de las Casas luego de dar a luz y sufrir graves complicaciones de salud asociadas a un embarazo infantil. El hecho ha generado conmoción por la magnitud de los daños físicos y el contexto en el que ocurrió.
De acuerdo con el reporte médico, la menor presentó lesiones severas tras el parto, entre ellas aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como daños en otros tejidos internos. El bebé nació dos semanas antes de lo previsto, luego de un trabajo de parto prolongado derivado de la inmadurez física de la madre, y aunque sobrevivió, también enfrenta un estado de salud delicado.
La niña, identificada como Deysi “N”, ingresó inicialmente al Hospital de la Mujer acompañada por un joven de 18 años que se presentó como su esposo. Su peso, inferior a los 40 kilogramos, y su estatura, de poco más de un metro con 20 centímetros, evidenciaban que no contaba con el desarrollo físico necesario para enfrentar un embarazo y un parto.
El pronóstico médico para la menor continúa siendo reservado, con pocas señales alentadoras, mientras que el recién nacido permanece bajo estricta vigilancia debido a las complicaciones que presentó al nacer. Posteriormente, Deysi fue trasladada al Hospital de las Culturas para continuar con su atención especializada.
El caso fue denunciado por un trabajador social ante la Fiscalía General del Estado, lo que dio inicio a una investigación formal. Tras la denuncia, el joven que se identificó como su esposo desapareció, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su responsabilidad y su paradero, mientras las autoridades mantienen el seguimiento del caso.
En México, el matrimonio infantil está prohibido desde las reformas al Código Civil Federal y a diversas legislaciones estatales que establecen los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones. La ley tipifica como delito la cohabitación forzada y el matrimonio de menores, con penas de hasta 15 años de prisión, las cuales pueden agravarse si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas.
El embarazo infantil es considerado, en la mayoría de los casos, resultado de abuso sexual o violencia, por lo que las instituciones de salud están obligadas a notificar a las autoridades cuando atienden a menores embarazadas. En ese contexto, el Gobierno de México implementó desde agosto de 2025 una estrategia especial en municipios con alta incidencia de estos casos, con el objetivo de prevenir matrimonios forzados y proteger a niñas y adolescentes.
