Ante el inminente vencimiento del plazo legal para la creación de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos organismos civiles y representantes de la sociedad organizada se pronunciaron públicamente para exigir que el proceso de conformación y designación de su titular se realice sin dilaciones, bajo los principios de transparencia, legalidad y participación ciudadana.
Durante una rueda de prensa encabezada por Gustavo Rojo (Observatorio Ciudadano de Mazatlán), Micaela González Heras (buscadora independiente), Marlene León (Iniciativa Sinaloa) y Jesús Bustamante Rivera (Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio), se destacó que esta Vicefiscalía representa un paso trascendental en el cumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada hace tres años.
Los participantes subrayaron que la creación de esta instancia especializada debe responder al contexto de violencia histórica y actual que enfrentan periodistas y personas defensoras en Sinaloa. Desde 2004, siete periodistas han sido asesinados, incluyendo los casos emblemáticos de Javier Valdez (2017) y Luis Enrique Ramírez (2022). Asimismo, al menos nueve personas defensoras han perdido la vida desde 1987, entre ellas las madres buscadoras Sandra Luz Hernández y Rosario Lilián Rodríguez Barraza.
A estas cifras se suman 198 agresiones registradas entre agosto de 2022 y junio de 2025, según el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La mayoría de las víctimas no denuncia por temor a represalias y desconfianza en las autoridades.
La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa, conformada en 2022 como mecanismo de seguimiento a la ley, presentó una serie de exigencias dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGES):
Sobre la conformación de la Vicefiscalía pide que la integración de esta sea de personal especializado en libertad de expresión y derechos humanos, asignación de presupuesto suficiente y recursos operativos.
Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y mesas de diálogo con víctimas, criterios claros para la reclasificación de casos, inclusión de propuestas ciudadanas en la elaboración del reglamento.
Sobre el proceso de nombramiento piden cumplimiento estricto de la ley, con experiencia mínima de 5 años en la materia, plazos amplios para garantizar participación ciudadana, máxima publicidad del proceso mediante portales, redes sociales y audiencias públicas.
Garantía de buena reputación, ausencia de conflictos de interés y no haber ocupado cargos en comunicación social gubernamental en los últimos cinco años.
Las organizaciones coincidieron en que la legitimidad de esta Vicefiscalía dependerá de la calidad del proceso de designación y de su capacidad para responder con eficacia y honestidad a las agresiones que enfrentan periodistas y defensores. “No queremos más simulación institucional, sino un mecanismo real de acceso a la justicia”, concluyeron.
