En el marco de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia contra la mujer y coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. advirtió sobre el aumento de la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales en México. Según su documentación, en los cinco años posteriores a la pandemia sus ingresos cayeron hasta 50%, una situación agravada por el incremento del costo de la canasta básica, la exclusión laboral y la falta de apoyos sociales efectivos.
La organización señaló que esta crisis afecta de manera especial a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes se enfrentan a acoso, criminalización y desatención sistemática por parte de instituciones responsables de garantizar sus derechos. Durante sus recorridos en calles, centros de salud y zonas de tolerancia, las integrantes de la Brigada Callejera han registrado incidentes en los que la desigualdad estructural, la violencia institucional y la discriminación han tenido consecuencias mortales.
Entre los testimonios recopilados se identifican patrones de abandono institucional ante emergencias médicas, negativas de atención en hospitales públicos y falta de acceso a medicamentos. La agrupación denunció que la ausencia de atención inmediata en casos de salud graves constituye una forma de violencia institucional que puede resultar letal para quienes ejercen el trabajo sexual. Al menos tres mujeres han fallecido recientemente debido a negligencia en traslados hospitalarios o retrasos en la atención.
La Brigada Callejera sostuvo que la estigmatización de las trabajadoras sexuales está profundamente arraigada en los sistemas de salud pública, seguridad y justicia. Esta discriminación se refleja en trabas burocráticas, trato hostil y discursos criminalizantes que vulneran su acceso a servicios esenciales. A ello se suma la falta de políticas públicas integrales, lo que incrementa el riesgo de muerte por causas prevenibles.
Ante esta situación, la organización exigió a autoridades de diversas entidades —incluyendo Ciudad de México, Estado de México y Chiapas— la adopción urgente de protocolos de atención y la eliminación de prácticas discriminatorias. También convocó a la sociedad y a organismos de derechos humanos a investigar estos casos y exigir rendición de cuentas por fallecimientos ocurridos bajo custodia o durante traslados médicos.
La asociación subrayó que la falta de acceso real a la salud se ha convertido en una forma de violencia mortal. Como ejemplo, relató las muertes recientes de Rocío Valdivia, quien falleció por una enfermedad curable debido a la falta de atención oportuna; María Ramírez, cuyo deceso estuvo marcado por pobreza y negligencia institucional; y Karla, atropellada en vía pública sin recibir auxilio de ambulancias ni ser trasladada a un hospital, cuyo cuerpo no fue reclamado hasta la intervención de la Brigada.
Finalmente, la organización demandó respeto pleno al trabajo sexual, el cumplimiento del amparo 112/2013 y el cese inmediato de prácticas institucionales que ponen en riesgo la vida, la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales en México, reiterando que estos no son casos aislados, sino parte de un patrón de violencia sostenido por omisiones y abandono sistemático.
