La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, se pronunció sobre la denuncia pública realizada por la titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), Alejandra Pineda Prado, quien enfrenta un proceso de presunta remoción de su cargo bajo acusaciones que califica como falsas y motivadas políticamente.
Guerra Ochoa explicó que la Comisión de Fiscalización es el órgano que propone el nombramiento de la titular de la UTE y, en su caso, también puede determinar su remoción. Señaló que el procedimiento actual deriva de un documento administrativo emitido por la Auditoría Superior del Estado, en el que se observan presuntas irregularidades en el desempeño de Pineda Prado.
Entre estas se detectaron prácticas que exceden las facultades expresamente mandatadas en el reglamento de la UTE, entre ellas, la falta de planeación documentada y lineamientos emitidos sin derivar de acuerdos de la Comisión de Fiscalización.
La diputada detalló que, tras dialogar con Pineda Prado, se acordó pausar el tema en el pleno para abrir un espacio de revisión conjunta entre la UTE, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización. El objetivo es analizar las observaciones, revisar la normatividad y evitar que el proceso afecte la trayectoria de la funcionaria.
“Lo que no debe ponerse en duda es que ha habido apoyo. Ella fue ratificada con unanimidad, pero a partir de ello empezó a realizar acciones que invadían facultades de otras áreas. Por eso se abre esta pausa, para revisar y corregir lo necesario”, señaló Guerra Ochoa.
La legisladora reconoció que existen contradicciones entre el reglamento de la UTE y el del Órgano Interno de Control, así como con la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado, que tiene jerarquía superior. Por ello, adelantó que podrían derivarse reformas normativas para evitar choques de criterios en el futuro.
Guerra Ochoa subrayó que el Congreso mantiene su compromiso con la base trabajadora y con la transparencia institucional, y que el proceso busca garantizar orden y legalidad en el desempeño de la Unidad Técnica de Evaluación.
