Las recientes reformas a la Ley General de Salud contemplan penas de uno a ocho años de prisión para quienes vendan vapeadores o cigarros electrónicos en todo el país, informó la diputada federal de Morena, Graciela Domínguez Nava.
La legisladora señaló que es importante reiterar el alcance de la reforma, ya que desde la oposición aún se intenta difundir la idea de que también se criminaliza al consumidor, lo cual afirmó que no es correcto, pues los cambios exentan a quienes adquieren vapeadores para consumo personal.
Añadió que lo que sí se penaliza es la producción, importación, venta y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos, los cuales representan un riesgo serio para la salud pública, especialmente entre jóvenes, adolescentes e incluso niños.
“Lo único que se exceptúa de la ley es si tú lo estás consumiendo, tú no cometes el delito, porque era parte del falso debate que se tenía. En el caso del uso no, por supuesto que hay una serie de medidas preventivas para incentivar que no se use. Pero si lo comercializas sí estarías incurriendo en un delito”.
Domínguez Nava subrayó que se trata de un tema de salud pública, ya que en los últimos años se ha registrado un incremento alarmante en el uso de vapeadores entre menores de edad, quienes por moda o desinformación inician su consumo sin conocer los daños que provocan.
La diputada federal explicó que diversos estudios han demostrado que los vapeadores son tan dañinos como el cigarro convencional, debido a las sustancias tóxicas que contienen y a los efectos negativos que generan en el sistema respiratorio y cardiovascular.
Indicó que será en 2026 cuando se realicen las modificaciones a las leyes secundarias, con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios para la aplicación efectiva de las sanciones contempladas en la reforma.
Graciela Domínguez Nava señaló que, para cerrar el proceso de adecuaciones a la Ley General de Salud, se definirá qué instancias serán las responsables de vigilar y combatir el comercio ilegal de vapeadores, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la salud de la población.
