La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el cobro de 1.25 UMA —equivalente a $169.71 pesos— que el municipio de Puerto Vallarta exigía a personas extranjeras para ingresar a la ciudad. Esta cuota había sido incorporada en el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos municipal como un pago por el uso de servicios, bienes y espacios públicos, pero fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El pleno de la Corte, con base en el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, concluyó por unanimidad que la contribución carecía de claridad, generaba incertidumbre entre los visitantes y podía derivar en arbitrariedades. El análisis destacó que la norma no especificaba qué servicios o espacios justificaban el cobro, lo que abría la puerta tanto a duplicidades como a gravámenes no previstos en la ley.
El cobro estuvo vigente desde febrero e incluía excepciones para extranjeros menores de 14 años, personas con discapacidad, guías de turistas, operadores de tours, trabajadores del sector turístico, personal de aerolíneas y quienes contaban con residencia temporal o permanente en México.
Además, la disposición contemplaba un mecanismo de reembolso para extranjeros que contribuyeran fiscalmente en el municipio a través de unidades económicas generadoras de empleo. Con la resolución de la SCJN, el cobro queda sin efectos.
