La diputada María Teresa Guerra Ochoa destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras entidades donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la totalidad de los artículos del Código Penal relacionados con el delito de halconeo, en el caso de Sinaloa el grueso de lo legislado por la 65 Legislatura permanece vigente.
Recordó que, en estados como Chiapas, Quintana Roo y Guanajuato se declararon inconstitucionales los artículos completos que tipificaban este delito; sin embargo, en Sinaloa la Corte únicamente invalidó la fracción tercera del artículo 293 Bis, mientras que las fracciones primera y segunda, así como los agravantes añadidos, continúan en vigor.
Guerra Ochoa subrayó que las disposiciones que sancionan a quienes acechen, vigilen o proporcionen información ilícita sobre las actividades de servidores públicos de seguridad, así como aquellas que penalizan la intervención en comunicaciones privadas u oficiales, siguen siendo aplicables.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo resaltó que se mantienen los agravantes que aumentan las penas cuando se utilizan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores para la comisión de estos delitos.
“La Corte validó más del 90% de lo que legislamos. El delito de halconeo sigue vigente y perfeccionado, con mayores sanciones para quienes involucren a personas vulnerables”, afirmó la diputada, al precisar que la fracción tercera fue observada por su redacción amplia, susceptible de interpretaciones distintas a las previstas por el legislativo.
Explicó que el siguiente paso será recibir la notificación oficial de la sentencia y, posteriormente, analizar en comisiones si procede reelaborar la fracción invalidada o eliminarla definitivamente. “Estamos en la mejor disposición de revisar y ajustar, siempre con el objetivo de brindar mayor seguridad y proteger a quienes arriesgan su vida en las corporaciones policiacas”, puntualizó.
Guerra Ochoa reiteró que la intención de la reforma al Código Penal del Estado nunca ha sido limitar el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión, sino garantizar que el halconeo sea sancionado con firmeza en Sinaloa.
