El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que redefine por completo el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal y coloca el consentimiento como eje central. Con 97 votos a favor, el dictamen —que ahora pasará a la Cámara de Diputados— eleva significativamente las penas y transforma el tratamiento legal de las agresiones sexuales en México.
La iniciativa cobró fuerza tras la agresión del 4 de noviembre contra la presidenta Claudia Sheinbaum, hecho que aceleró el consenso político para actualizar un marco penal considerado insuficiente para proteger a las víctimas. El proyecto fue elaborado por el Senado en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y diputadas de la Comisión de Igualdad, con la intención de cerrar vacíos legales que dificultaban el acceso a la justicia.
La reforma establece que cualquier acto sexual realizado sin consentimiento constituye abuso sexual, independientemente de si hubo resistencia física de la víctima. La pena base será de entre 3 y 7 años de prisión, con la posibilidad de llegar hasta 9 años cuando existan agravantes. Además, el delito se perseguirá de oficio, permitiendo iniciar investigaciones aun sin denuncia formal.
Legisladoras de distintos partidos coincidieron en que la reforma corrige criterios que históricamente minimizaron la violencia sexual. Martha Lucía Mícher señaló que durante años se eximió a agresores argumentando que la víctima “no se defendió o no gritó”, mientras que Alejandra Barrales comparó el cambio con el modelo español de “solo sí es sí”. Desde el PAN, Gina Campuzano destacó que la ley reconoce que muchas mujeres quedan paralizadas por el miedo, por lo que la ausencia de resistencia no puede interpretarse como consentimiento.
El dictamen también actualiza los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, creando un marco sancionatorio más estricto. Entre las agravantes que pueden aumentar la pena hasta en una tercera parte se encuentran el uso de violencia física o moral, la participación de múltiples agresores, la comisión del delito en lugares aislados, el involucramiento de servidores públicos o personas con roles de autoridad, ataques motivados por género u orientación sexual y agresiones contra víctimas en situación de vulnerabilidad.
Aunque la reforma contempla medidas adicionales como talleres de reeducación para agresores y apoyo psicológico para víctimas, su núcleo es el incremento de la responsabilidad penal y la obligatoriedad de prisión para quienes cometan abuso sexual. Para expertas y legisladoras, este fortalecimiento es clave para enfrentar la impunidad en delitos de carácter sexual.
Además del cambio al Código Penal Federal, el pleno aprobó reformas a 17 leyes para armonizar la legislación e incorporar criterios de igualdad sustantiva en todo el marco jurídico. Con este paquete legislativo, México da un paso significativo hacia la protección de la libertad y dignidad sexual, colocando el consentimiento en el centro y reforzando las herramientas legales para combatir la violencia sexual.
