La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno haya emprendido una persecución política contra jóvenes vinculados a las marchas convocadas por el grupo autodenominado “Generación Z”, quienes afirmaron movilizarse por el hartazgo ante la inseguridad y la violencia en el país. La mandataria aseguró que su administración no persigue a nadie por sus ideas o expresiones y que, incluso, quienes temen por su seguridad pueden recibir un análisis de riesgo y protección.
Sheinbaum atribuyó la baja participación registrada en la segunda convocatoria del 20 de noviembre a que “la gente ya se informó” sobre las intenciones detrás de estas movilizaciones, las cuales considera motivadas políticamente. Subrayó que su gobierno se concentra en resolver temas sustantivos y que no distraerá esfuerzos en confrontaciones de carácter político.
La presidenta reiteró que es importante investigar lo ocurrido en la protesta del 15 de noviembre, pues —dijo— cada vez surgen más elementos que permiten entender el trasfondo de estas movilizaciones. Llamó a que la ciudadanía conozca esta información y señaló que su administración no ocultará nada.
Asimismo, consideró positivo que el Congreso de la Ciudad de México y otras legislaturas estatales se mantengan atentas al surgimiento y operación de estos grupos juveniles y sus organizadores. Destacó la relevancia de que se revisen los antecedentes de quienes promueven estas protestas.
En este contexto, tomó relevancia la acusación de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien señaló que Edson Saúl Andrade Lemus —uno de los convocantes— tiene un contrato con el PAN CDMX por más de dos millones de pesos para servicios de estrategia digital. Aunque Andrade sostiene que su activismo es apartidista, la revelación ha puesto en duda su neutralidad y su papel en las marchas del 15 de noviembre.
