La senadora de la República, Paloma Sánchez, advirtió que la inseguridad en Sinaloa ha alcanzado niveles alarmantes tras 17 meses de guerra entre grupos criminales, mientras las autoridades presumen una supuesta disminución en la incidencia delictiva.
“Estamos en el día 519 de violencia en Sinaloa, con 2,417 homicidios y 3,050 personas desaparecidas. La percepción de miedo es cotidiana: todos los días ocurre algo, ya sea un desaparecido, un vehículo robado, un homicidio o una balacera. El gobierno juega con las cifras y con la percepción, pero la realidad es otra”, señaló.
En entrevista para Viva la Noticia con el periodista Enrique Gil Vargas, la legisladora subrayó que la indiferencia de los gobiernos federal y estatal se refleja en declaraciones “muy desafortunadas”, cuando lo que se necesita es mostrar interés y esperanza de que las cosas mejoren.
“Presumen encuestas y estadísticas, pero eso no es lo que pasa en Sinaloa”, enfatizó.
La senadora de la República denunció la gravedad del caso de los mineros desaparecidos en Concordia y la crisis de desapariciones que golpea a Mazatlán, señalando la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.
“Muchas madres buscadoras acudieron con la esperanza de encontrar a sus hijos, pero lo que perciben es que la Fiscalía General de la República atendió sólo lo que le interesaba, mientras la Fiscalía estatal quedó nuevamente al margen. Es como si dijeran: ‘ya encontramos lo que queríamos, ahora sigan buscando ustedes’, y eso es inaceptable”, expresó.
La legisladora recordó que Mazatlán, pese a ser un destino turístico de relevancia nacional, se ha convertido en el municipio con más desaparecidos del país. “Lo he dicho muchas veces: Mazatlán vive una crisis de desaparecidos.
Cada semana hay nuevos casos, y las familias siguen sin recibir respuestas. Es un dolor que se acumula y que refleja la indiferencia de las autoridades”, subrayó.
En el ámbito económico, Sánchez alertó que la crisis de seguridad ha derivado en más de 70 mil millones de pesos en pérdidas acumuladas y empleos desaparecidos. “Si se confirma que los mineros fueron víctimas de extorsión, hablamos de un delito que el gobierno federal asegura haber resuelto con una reforma que en realidad no sirve. La extorsión sigue golpeando a familias y empresas en todo el país”, sostuvo.
Paloma Sánchez expresó su preocupación por el Carnaval de Mazatlán, evento de gran derrama económica, pero que se desarrolla en un contexto de violencia. “Por un lado, está la fiesta; por otro, el dolor de las víctimas. El mensaje que se envía con la indiferencia es devastador”, concluyó.
