Con una mayoría de 32 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Sinaloa aprobó la minuta de proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como el «Plan B» de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta reforma constitucional introduce cambios profundos en la integración de Ayuntamientos, la profesionalización legislativa y la política de austeridad republicana. La reforma impacta directamente los artículos 115, 116 y 134 de la Carta Magna, estableciendo nuevos límites y prohibiciones en el ejercicio del poder público.
Diputados y diputadas de las fracciones parlamentarias del PRI y PAN manifestaron su rechazo frontal al «Plan B» de la presidenta de México. Entre quienes votaron en contra de la iniciativa destacan los priistas Bernardino Antelo Esper, Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, así como los panistas Roxana Rubio Valdez y Jorge González Flores, bajo el argumento de proteger la autonomía institucional.
Jorge González Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una fuerte advertencia frente a la implementación del llamado «Plan B», denunciándolo no como una reforma administrativa, sino como un asalto directo al federalismo y a la autonomía de las instituciones locales.
Para el legislador panista, el trasfondo de estas modificaciones legales trasciende la narrativa oficialista de la eficiencia. Según González Flores, el objetivo primordial es la centralización del poder político.
«Este llamado ‘Plan B’ no es una reforma administrativa, ni una medida de austeridad. Es un intento más de concentrar el poder en unas cuantas manos. Es un paso más hacia el debilitamiento de la democracia en México», afirmó de manera contundente.
La minuta establece un control riguroso sobre el gasto de las legislaturas y órganos electorales: El presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa.
Las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán exceder el límite establecido para la presidenta de la República. Además, queda estrictamente prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones privadas con recursos públicos.
El decreto estipula que los ahorros generados por estas reducciones presupuestarias deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública en beneficio de la población.
En cuanto a la vida municipal, la reforma limita la integración de los Ayuntamientos a un máximo de 15 regidurías, garantizando en todo momento la paridad de género vertical y horizontal, así como la igualdad sustantiva.
Con esta aprobación, Sinaloa se suma a las entidades que avalan el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo Federal, buscando consolidar un modelo de gobierno con mayor disciplina presupuestaria y alternancia en el poder.
