Ante la falta de acercamiento por parte del Ayuntamiento de Mazatlán para llegar a un arreglo por la desviación del arroyo Jabalines en una propiedad privada, el caso escaló al nivel de la Fiscalía General de la República (FGR) al involucrar a dependencias federales.
El abogado de la familia López Somoza que es la que demandó al Gobierno Municipal por afectaciones, Eduardo Murrieta Sánchez, negó que se trate de un caso político, sino que simplemente de daños por el orden de los 4 mil 560 metros en un predio particular donde la autoridad municipal no debió intervenir y que ahora serán investigados por la FGR.
Murrieta Sánchez indicó que las instancias involucradas en este caso son Obras Públicas, Protección Civil municipal y estatal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El abogado mencionó que la Conagua recomendó al Ayuntamiento, sin estudio técnico de por medio, dejarlo en su estado natural, pero los trabajos se hicieron mal y con las lluvias ya quedó igual, lo que representa un riesgo inminente de inundaciones en varias colonias aledañas.
Murrieta Sánchez indicó que el expediente ha avanzado mucho en la Fiscalía General del Estado y se encuentra en el punto donde la autoridad investigadora dará paso a la evaluación de los daños, la cual solo se determinará por las instancias correspondientes.
La desviación del arroyo Jabalines por parte del Ayuntamiento de Mazatlán se dio el pasado 29 de mayo sin los permisos oficiales para ello, trabajos que aumenta la posibilidad de inundaciones en sectores aledaños al fraccionamiento La Campiña. La familia que se dice afectada interpuso una demanda por daños en contra de la autoridad municipal, pero aún no se vislumbra su conclusión, de acuerdo al abogado Murrieta Sánchez, quien reiteró que siguen abiertos a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento.
