El presidente en turno del CORE33, Luis Enrique Bolaños Amador, expresó la profunda preocupación del organismo por la situación que atraviesa el sector agrícola en Sinaloa.
Señaló que actualmente se enfrenta un escenario complejo y de alta vulnerabilidad, con precios de hortalizas a la baja que afectan la rentabilidad de los productores y un panorama incierto en el rubro de granos debido a las condiciones del mercado y al incremento constante en los costos de producción.
Bolaños Amador advirtió que esta presión recae sobre un sector estructuralmente frágil. De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, más del 93 por ciento de las unidades económicas en Sinaloa son microempresas y el 92 por ciento de los negocios no superan los 2 millones de pesos anuales en ingresos, lo que deja a miles de productores sin margen para enfrentar crisis de precios, sequías o encarecimiento de insumos.
“Uno de los problemas más graves es el agua. La disponibilidad es limitada y cada vez se depende más del bombeo de pozos cuya calidad se deteriora progresivamente, con aguas de mayor salinidad y conductividades elevadas que impactan la sanidad de los cultivos, reducen rendimientos y elevan los costos de producción por la necesidad de correcciones de suelo y manejo nutricional”, manifestó.
Todo esto configura un riesgo sistémico para el campo sinaloense: menor rentabilidad, escasez de mano de obra, baja inversión, alto estrés financiero y una creciente posibilidad de abandono de superficies productivas.
Ante este panorama, CORE33 presentó una agenda de solución basada en cinco ejes: gestión eficiente del agua mediante tecnificación de riego, cultivos resistentes a sequía, conservación de suelos y monitoreo permanente de la calidad hídrica.
Diversificación de ingresos en zonas rurales con impulso a la agroindustria, turismo rural y proyectos de energías limpias y la incorporación de tecnologías agrícolas modernas como agricultura de precisión, automatización de procesos y prácticas sostenibles.
“A esta problemática se suma una creciente escasez de mano de obra. Muchos trabajadores están migrando por razones de inseguridad personal o en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Esta situación se explica también porque en Sinaloa los salarios que se pagan en empresas medianas y grandes son entre 1.5 y hasta 2 veces menores que en otras entidades del país, lo que dificulta competir por trabajadores calificados y jornaleros agrícolas”.
“Desde nuestra posición como integrantes de la cadena productiva —proveedores de agroinsumos, servicios de consultoría, logística y comercialización— observamos además una clara caída en las ventas”, expresó.
Indicó que esto ya se traduce en recortes de personal y una creciente presión para cumplir compromisos fiscales y de seguridad social, particularmente ante instituciones como el IMSS, poniendo en riesgo la estabilidad de muchas empresas vinculadas al campo.
