Una jueza de inmigración ordenó la liberación bajo fianza de Bruna Ferreira, ciudadana brasileña de 33 años detenida por el ICE en Luisiana y sujeta a un proceso de deportación. La jueza Cynthia Goodman fijó la mínima fianza permitida, 1.500 dólares, permitiendo que Ferreira salga del centro de detención donde permanecía tras su arresto del 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, cuando acudía a recoger a su hijo. El caso adquirió notoriedad nacional debido a su vínculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, férrea defensora de la política migratoria de Donald Trump.
El abogado del Departamento de Seguridad Nacional, Lucas Vega, no objetó la decisión, considerando que Ferreira no representaba ni un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga. Sin embargo, desde el inicio, el DHS y la Administración la habían señalado públicamente como “criminal”, presentándola como una madre ausente sin relación con la familia Leavitt. Ferreira rechazó esa narrativa en una entrevista con The Washington Post, afirmando que su vínculo con Karoline era cercano al punto de pedirle que fuera madrina de su hijo y calificó las declaraciones oficiales como falsas y ofensivas.
Ferreira describió su vida cotidiana antes del arresto como estable y dedicada a su hijo: trabajaba en negocios de limpieza y ropa, practicaba yoga y participaba activamente en la crianza del niño. Criticó al gobierno por tergiversar su historia familiar, mientras que la Casa Blanca insistió en que no mantenía contacto con Leavitt desde hacía años. La brasileña llegó a Estados Unidos en 1998, siendo niña, y regularizó temporalmente su situación mediante el programa DACA en 2012. Sin embargo, el gobierno de Trump reactivó su caso como parte de la campaña de deportaciones masivas, pese a que la mayoría de su familia ya cuenta con estatus legal.
La Administración también intentó vincularla con antecedentes criminales, aunque su abogado explicó que la única referencia posible es un incidente juvenil en 2008, desestimado por un tribunal de menores tras una pelea con otra adolescente. Documentos judiciales contradijeron además la versión de Michael Leavitt —su exprometido y padre de su hijo—, quien aseguró que Ferreira nunca vivió con el menor; sin embargo, registros de 2015 en New Hampshire muestran que ambos figuraban en la misma dirección durante el periodo en que estaban comprometidos.
El hijo de la pareja vive actualmente con su padre y la madrastra en New Hampshire, mientras que Ferreira tenía autorización para recogerlo los fines de semana bajo un régimen de custodia compartida marcado por acusaciones cruzadas de abuso y negligencia. La tensión familiar se intensificó cuando, según Ferreira, Michael Leavitt y su padre le sugirieron que aceptara una “deportación voluntaria” para intentar regresar después por vía legal, algo que la dejaría fuera de Estados Unidos durante al menos una década. Él negó ante The Washington Post haber intervenido en su detención y afirmó desear que su hijo mantenga contacto con su madre.
La liberación bajo fianza marca un giro en un caso donde el componente político ha pesado tanto como el migratorio. El proceso de deportación de Ferreira continúa abierto, pero la decisión judicial supone un respiro en medio de una fuerte exposición mediática, tensiones familiares y una campaña migratoria federal que ha priorizado reabrir casos antiguos, incluso de personas sin antecedentes y con profundas raíces en el país.
