En Florida Central, los migrantes indocumentados enfrentan un dilema peligroso durante la temporada de huracanes: protegerse de la tormenta o arriesgarse a una detención. María, una trabajadora agrícola mexicana que vive en Apopka, solía refugiarse en la casa de su hermana o en un albergue escolar. Sin embargo, con el aumento de redadas migratorias, teme que esos espacios ya no sean seguros.
Escuelas, hospitales y refugios de emergencia, que antes eran considerados neutrales, ahora generan desconfianza. La colaboración de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementa la vulnerabilidad de los migrantes, quienes deben elegir entre la seguridad física frente a un desastre natural o evitar una posible deportación.
“Pueden llegar a donde sea. No hay un límite”, advirtió María, de 50 años, quien pidió mantener en reserva su apellido por temor a ser detenida. Esta situación refleja un problema que, aunque siempre ha existido en desastres naturales, se ha intensificado bajo las políticas migratorias de Donald Trump, según migrantes y activistas.
Dominique O’Connor, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, señaló que muchos se preguntan si deben arriesgar la vida en la tormenta o exponerse a la presencia de agentes de migración en los refugios. La preocupación no se limita a los huracanes, pues migrantes indocumentados enfrentan riesgos similares en situaciones de calor extremo, incendios forestales u otras emergencias climáticas que exigen evacuar o recibir atención médica.
Las agencias federales y estatales no han aclarado si suspenderán las medidas migratorias durante un desastre, lo que alimenta la desconfianza en comunidades vulnerables. Para activistas, la expansión de la aplicación de la ley migratoria en áreas de respuesta a emergencias convierte cada crisis climática en un doble riesgo para quienes carecen de estatus legal permanente en Estados Unidos.
