El diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, expresó su respaldo a la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ya fue turnada al Senado de la República. En su posicionamiento, el legislador aclaró que la propuesta no contempla retroactividad, como algunos sectores han señalado, y subrayó que la iniciativa busca fortalecer el acceso a la justicia para el pueblo de México.
“La oposición ha querido presentar esta reforma como una amenaza a los derechos ciudadanos. Nada más alejado de la verdad. Esta reforma no debilita la justicia, la fortalece. No elimina derechos, los amplía. No protege a los poderosos, protege al pueblo”, afirmó.
Valenzuela Sánchez explicó que el juicio de amparo, una conquista jurídica histórica, ha sido utilizado en las últimas décadas como herramienta de defensa de intereses económicos y políticos para frenar obras públicas, evadir impuestos y mantener privilegios.
“Lo que se busca es modernizar, digitalizar y dar certeza jurídica al proceso, para que el amparo vuelva a servir al pueblo y no a quienes lo usan como recurso de impunidad”, señaló.
Uno de los puntos más discutidos ha sido el concepto de “interés legítimo”, el cual —aclaró el diputado— no se elimina, sino que se precisa para evitar abusos. Recordó casos en los que se promovieron amparos para frenar la distribución de medicamentos o el avance de obras públicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin fundamentos técnicos ni ambientales.
También abordó el uso del amparo para evadir obligaciones fiscales, citando el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mantiene más de 30 litigios con el SAT por una deuda superior a los 74 mil millones de pesos.
“En México hay quienes llevan más de 15 años usando el amparo para no pagar lo que por ley le corresponde al pueblo. Eso no es justicia, es privilegio”, enfatizó.
Otro aspecto relevante de la reforma es el fortalecimiento de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La propuesta establece que no procederán suspensiones automáticas cuando se acredite que el bloqueo de cuentas está relacionado con delitos financieros, aunque se garantiza el mínimo vital para cubrir necesidades básicas como salarios, pensiones alimenticias o impuestos.
“Esto no es autoritarismo. Es justicia eficaz, sin trampas. Esta reforma beneficia a quienes de verdad necesitan la justicia: campesinos, trabajadores, estudiantes, familias. El nuevo amparo será más rápido, más claro, más accesible y sobre todo más justo”, concluyó.
